El proyecto, presentado por el secretario del Consejo de Ministros, José Amado Ricardo, actualiza una norma vigente desde 1994 y responde al mandato constitucional de determinar por ley el número, denominación, misión y funciones de los ministerios y demás organismos de la Administración Central del Estado.

La nueva estructura estará integrada por 20 ministerios y el Banco Central de Cuba, a la vez que desaparecen los institutos (INDER, Instituto de Comunicación Social, Inotu y Recursos Hídricos), que pasarán a ser carteras.

Entre las entidades con mayor transformación figuran el Ministerio de Agricultura y Alimentación; el de Educación Superior, Ciencia e Innovación; el de Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos; el de Comercio e Inversión Extranjera; el de Deportes y Recreación; el de Economía y Finanzas; el de Educación; y el de Industria y Construcción.

El Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos integra funciones relacionadas con el ordenamiento territorial, la vivienda y los recursos hídricos, que antes estaban dispersas en varios organismos.

Asimismo, el Ministerio de Industria y Construcción logra la integración de ramas industriales heterogéneas y la complementación de funciones para cerrar procesos productivos.

En el caso del Ministerio de Educación, aunque mantiene su denominación, constituye un «acierto institucional» que dota a la Administración Central del Estado de la capacidad para garantizar la plena efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución y el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventud.

Durante el proceso de consulta, se recibieron 242 observaciones, de las cuales se aceptaron total o parcialmente 139.

El secretario del Consejo de Ministros afirmó que el redimensionamiento de la Administración Central del Estado es un paso adelante audaz y necesario en el contexto de la peor crisis económica de las últimas décadas.

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