La presidenta de la RC, Gabriela Rivadeneira, recordó este jueves en su cuenta de X que ambas agrupaciones fueron suspendidas por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a las puertas de los comicios seccionales mediante la misma figura de carácter reservado.

La dirigente aseguró que, cinco meses después, su partido no ha recibido ninguna notificación de la Fiscalía sobre una investigación.

«Lo que exigimos es que levanten la reserva de la información», manifestó Rivadeneira, quien sostuvo que la principal fuerza opositora del país permanece suspendida «bajo la disposición expresa» del presidente Daniel Noboa. En la Asamblea Nacional, la legisladora de la RC Liliana Durán insistió en que se hagan públicos los documentos que sustentaron las decisiones contra la participación electoral de la RC y Amigo.

«Aquí no se trata de defender a una organización política, sino el derecho de todo el país a saber quién tomó esas decisiones, por qué lo hizo y con qué pruebas», señaló la parlamentaria, al cuestionar que la información permanezca reservada.

La bancada de la RC informó que volvió a solicitar un cambio del orden del día para que el pleno parlamentario trate la desclasificación parcial de los expedientes relacionados con ambos casos y argumentó que la transparencia resulta indispensable cuando están en juego derechos políticos de millones de ciudadanos.

Sobre este tema también se pronunció el abogado penalista Henry Cáliz, quien sostuvo que cualquier organización política involucrada en lavado de activos «no solo debería ser suspendida, sino eliminada», pero advirtió que para aplicar esa sanción debe respetarse el debido proceso.

En un video divulgado en redes sociales, el jurista señaló que la suspensión debe tramitarse mediante el procedimiento para juzgar infracciones electorales, con citación, audiencia, presentación de pruebas y derecho a la defensa, requisitos que, a su juicio, no se habrían observado en los casos de la RC y el movimiento Amigo.

Las dos organizaciones fueron suspendidas por decisiones del TCE en procesos vinculados a investigaciones por presunto lavado de activos, resoluciones que la oposición considera parte de una estrategia para limitar su participación en las elecciones seccionales.

El próximo 29 de noviembre los ecuatorianos están llamados a las urnas para elegir prefectos, alcaldes, concejales y otras autoridades locales, así como a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

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