La legisladora Liliana Durán, de la RC, presentó un cambio del orden del día para que el pleno debatiera la apertura parcial de la información relacionada con las resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que suspendieron por nueve meses a la RC y a Amigo.

Tras la negativa, Durán denunció que el bloque oficialista impidió que la Asamblea conociera las razones que motivaron ambas decisiones y acusó a la mayoría parlamentaria de proteger al Gobierno del presidente Daniel Noboa.

La asambleísta sostuvo que el caso de Amigo resulta especialmente relevante porque esa organización fue suspendida pocas horas antes de que concluyera el plazo para registrar alianzas electorales, después de que acogiera las candidaturas de la RC para los comicios del 29 de noviembre.

“¿A qué le tienen miedo?”, cuestionó Durán, quien aseguró que insistirá en el pedido para conocer los fundamentos de las resoluciones y determinar por qué la RC no ha sido notificada sobre una investigación en su contra.

Esta semana Gabriela Rivadeneira, presidenta de la RC, recordó que tanto su organización como Amigo fueron suspendidos mediante la misma figura de carácter reservado y afirmó que, cinco meses después, el movimiento sigue sin recibir una notificación de la Fiscalía.

«Lo que exigimos es que levanten la reserva de la información», expresó Rivadeneira en la red social X, donde sostuvo que ambas organizaciones fueron suspendidas durante el calendario electoral bajo el mismo procedimiento.

La bancada de la RC señaló que la apertura parcial de los expedientes permitiría conocer quién impulsó las actuaciones, con qué motivación y sobre la base de qué elementos se adoptaron decisiones que, a su juicio, afectan los derechos políticos de millones de ciudadanos.

Las suspensiones de la Revolución Ciudadana y del movimiento Amigo fueron dispuestas por el TCE en procesos vinculados a investigaciones por presunto lavado de activos, pero se desconocen detalles debido a la reserva de los casos.

Diversas figuras políticas y analistas consideran que esas decisiones buscan limitar la participación de los partidos no afines al Ejecutivo en las elecciones seccionales vendieras, cuando se elegirán prefectos, alcaldes, concejales y otras autoridades locales.

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