La prefecta Paola Pabón aseguró que la eliminación de los puestos de trabajo responde a las modificaciones del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), aprobadas por la Asamblea Nacional.

Esa normativa, que acumula demandas de inconstitucionalidad, establece reglas para la asignación mínima de recursos y la organización administrativa de los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales.

Autoridades locales sostienen que la reforma al Cootad afecta la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) al imponer criterios obligatorios para la distribución del gasto y la estructura institucional.

La Prefectura informó que su reorganización contempla la eliminación y fusión de direcciones y coordinaciones, así como la salida de 24 funcionarios de libre nombramiento y remoción, 87 servidores públicos y 14 obreros.

Pabón afirmó que la reducción de personal «no es una decisión que tomamos por voluntad propia, sino una consecuencia directa de una reforma inconstitucional y antiética planteada por Daniel Noboa».

La jefa del gobierno provincial recordó que presentó una demanda ante la Corte Constitucional contra las reformas al Cootad y, aunque el organismo admitió el trámite, no suspendió la vigencia de la norma, por lo que su aplicación es obligatoria mientras se resuelve el caso.

La administración provincial destinará cuatro millones de dólares para cubrir las liquidaciones y demás derechos laborales de los trabajadores afectados, cuyos pagos se realizarán conforme a la normativa vigente.

La disposición, aprobada en febrero pasado, establece que los GAD (municipios y prefecturas) deberán destinar al menos el 65 por ciento de su presupuesto a inversión en obras a partir de 2026, porcentaje que subirá al 68 por ciento en 2027 y al 70 por ciento en 2028.

Prefectos y alcaldes advirtieron que el nuevo esquema no reconoce el costo del personal técnico y operativo, lo que afecta la ejecución de proyectos sociales y culturales.

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