En un informe de la Mesa Técnica para el Cierre de Minas del Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), sobre una auditoría realizada a la empresa Cobre Panamá se detectaron varias limitaciones metodológicas y vacíos de información que impiden sustentar parte de los resultados presentados por ese proceso.
Según el reporte, 155 de los 371 compromisos evaluados, equivalentes a más del 40 por ciento, carecen de evidencia suficiente en los anexos publicados para respaldar las declaraciones de cumplimiento.
De acuerdo con el estudio, la auditoría reconoce dificultades para dar seguimiento a determinados recursos y evaluar sus resultados, pero aun así considera cumplidos varios compromisos sobre la base de la documentación presentada.
Entre las principales inconsistencias señaladas figura la evaluación del sistema de relaves y drenaje ácido, calificado como conforme pese a deficiencias en el monitoreo geotécnico que, según la revisión independiente, restringen la capacidad de respuesta ante eventuales riesgos de inestabilidad.
Asimismo, el documento advierte que no fue verificado un protocolo integral de emergencia para las comunidades ubicadas aguas abajo ni mecanismos efectivos de alerta temprana.
La Mesa Técnica también observó que resultados de laboratorio del Ministerio de Ambiente correspondientes a 2026, que reflejan excedencias significativas en parámetros de calidad del agua, no fueron incorporados al análisis final.
Los resultados de la revisión independiente se conocen mientras el Gobierno mantiene abierto el análisis sobre el futuro de la mina ubicada en Donoso, provincia de Colón, cuyo contrato de concesión con la empresa canadiense First Quantum fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2023, tras intensas protestas populares que derivaron en el cierre de las operaciones.
En estos siete últimos días, el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ante la Asamblea Nacional(parlamento) de Panamá, prioriza la inversión pública.
El titular del MEF, Felipe Chapman, explicó que la propuesta asciende a 35 mil 111,7 millones de dólares, cifra superior en 197,9 millones de dólares (0,6 por ciento) al presupuesto modificado de 2026, aunque precisó que el incremento no representa una expansión del gasto público, sino una redistribución de recursos hacia infraestructura, protección social y servicios esenciales.
De acuerdo con el funcionario, la inversión pública se concentrará en proyectos con capacidad para generar empleo, mejorar la movilidad, garantizar el acceso al agua y la energía, fortalecer la logística, elevar la competitividad y reducir las brechas territoriales, con asignaciones respaldadas por cronogramas, estudios técnicos y mecanismos de seguimiento.
Chapman destacó además que el servicio de la deuda pública disminuiría de siete mil 938,9 millones de dólares en 2026 a cinco mil 496,1 millones en 2027, lo que ampliará el espacio fiscal para fortalecer sectores como educación, salud, infraestructura, seguridad y programas sociales.
Para el expresidente de la República, Martin Torrijos (2004-2009) «este gobierno no ha querido enfrentar los problemas de un gasto desmedido y se conforman con decir que han bajado el ritmo, pero la verdad es que el país se sigue endeudando y no han sido capaces de bajar la deuda”, remarcó.
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