De acuerdo con la comunicación, la figura jurídica fue creada para proteger el suelo rural agropecuario y garantizar la obtención de comestibles, en tanto remarcó que no constituye una decisión discrecional, sino el cumplimiento de un mandato jurídico vigente desde hace más de cinco décadas.

Consideró la cartera que la eliminación de estas áreas agravaría la situación de degradación que enfrentan los suelos en Colombia, donde más de 20 millones de hectáreas presentan procesos severos de deterioro físico, químico o biológico, mientras que el 60 por ciento de los municipios reportan afectaciones en sus terrenos agrícolas.

Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro se declararon cerca de un millón de hectáreas como APPA en más de 55 municipios, recordó la entidad, y advirtió al mismo tiempo que la eventual derogatoria de estos espacios representaría un retroceso en la protección del derecho humano a la alimentación, la soberanía y la seguridad alimentaria, así como para los derechos campesinos.

Según enfatizó el Ministerio, la información que señala a las APPA como mecanismos de expropiación o de imposición de cultivos carece de fundamento.

“Estas áreas no restringen de manera general las actividades económicas, no impiden el desarrollo de proyectos de infraestructura autorizados conforme a la ley y respetan plenamente los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas”, expuso.

Durante la víspera, el presidente electo de Colombia, Abelardo de La Espriella, anunció que su Gobierno iniciará la derogatoria de las resoluciones que permitieron la creación de las APPA, después de que congresistas afines ideológicamente con el ultraderechista alegaran que esas disposiciones jurídicas afectan la propiedad privada.

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