La sentencia, adoptada por unanimidad por el Tribunal de Garantías Penales, declaró a Álvarez, una de las principales figuras de oposición al gobierno de Daniel Noboa, como autor del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

Además, le impusieron una multa equivalente a 10 salarios básicos (cuatro mil 820 dólares), la obligación de ofrecer disculpas públicas y la publicación del fallo en un medio de circulación nacional.

La Fiscalía sostuvo que el alcalde incumplió la medida cautelar que le obligaba a portar de manera permanente un dispositivo de vigilancia electrónica mientras enfrenta otros procesos penales.

Según la acusación, durante un allanamiento realizado el 10 de febrero de este año, agentes policiales encontraron a Álvarez sin el grillete y posteriormente observaron cómo volvía a colocárselo.

La defensa del alcalde rechazó la acusación y argumentó que el grillete presentaba fallas técnicas recurrentes y que el sistema nunca emitió una alerta de «pulsera quitada» la madrugada del allanamiento.

Técnicos y funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) reconocieron que los dispositivos asignados al alcalde presentaron fallas de conexión, deterioro y activaciones automáticas.

El abogado Julio César Cueva sostuvo que ningún testigo afirmó haberlo visto retirarse el dispositivo y cuestionó la validez de los peritajes presentados por la Fiscalía.

“El caso Grillete sigue el mismo patrón de otros procesos de evidente connotación política. (…) Resoluciones que parecen llegar ya redactadas (…) El mismo libreto, el mismo guion… y la inevitable pregunta: ¿también los mismos guionistas tras bastidores?”, cuestionó Cueva.

La condena corresponde a uno de los tres procesos penales que enfrenta el alcalde guayaquileño, quien también permanece procesado en el caso Triple A, por presunta comercialización ilegal de combustibles subsidiados, y en el caso Goleada, por supuesta delincuencia organizada.

Alvarez, quien permanece en prisión preventiva desde febrero pasado en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, ha rechazado las acusaciones en su contra y sostiene que es víctima de una persecución política impulsada por el Gobierno y sus aliados.

Diversos dirigentes de la oposición, entre ellos el movimiento Revolución Ciudadana, apoyan al funcionario y consideran que los procesos judiciales buscan apartarlo de la vida política, especialmente de una posible reelección frente al municipio de Guayaquil.

La sentencia anunciada en la noche de este lunes es de primera instancia, por lo que aún puede ser apelada.

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