La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) realizó la acusación este lunes en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde el Estado ecuatoriano rechazó la postura y defendió sus acciones.
Durante la sesión, el defensor afroecuatoriano Jimmy Ocles relató haber sido golpeado, inmovilizado y víctima de insultos racistas durante un procedimiento policial.
«Me golpearon, me arrancaron la camiseta y presionaron mi cuello, impidiendo que pudiera respirar. Se ensañaron conmigo con violencia, mientras repetían insultos racistas como: es un negro», relató.
Ocles sostuvo que, además de la agresión física, ha enfrentado un prolongado proceso judicial sin una reparación integral y advirtió que la demora en la administración de justicia también constituye una forma de violencia e impunidad.
En representación de Inredh, la abogada Diana León afirmó que el caso de Ocles no constituye un hecho aislado, sino parte de un patrón de perfilamiento racial y discriminación estructural.
La jurista señaló que entre 2014 y 2026 se registraron miles de denuncias por delitos de odio y discriminación, pero solo una reducida parte llegó a juicio, situación que evidencia la falta de acceso efectivo a la justicia.
Por su parte, Amanda Mosquera, también integrante de Inredh, consideró que el racismo estructural debe abordarse de manera transversal en las políticas públicas.
Según advirtió Mosquera, las estrategias de seguridad seguirán siendo insuficientes mientras persistan prácticas discriminatorias contra grupos históricamente excluidos.
En igual sentido, representantes de organizaciones afroecuatorianas manifestaron que la crisis de seguridad que vive el país no puede justificar acciones basadas en estereotipos raciales ni convertir a los jóvenes afrodescendientes en sospechosos por su condición étnica.
En representación del Gobierno, Lady Cedeño afirmó que Ecuador «reafirma su compromiso» de fortalecer las políticas de igualdad y destacó la creación de una Dirección de Prevención, Eliminación y Erradicación de la Discriminación Étnica, Racial y Cultural.
Por su parte, el delegado de la Policía Nacional, Jorge Arias, aseguró que «la pertenencia étnica, el color de piel o la identidad cultural no constituyen criterios para determinar una intervención policial» y afirmó que la doctrina institucional prohíbe el perfilamiento racial.
Al cierre de la audiencia, el presidente de la Comisión, Edgar Stuardo Ralón, señaló que toda denuncia sobre posibles actos de discriminación o racismo debe ser examinada y anunció que el organismo analizará la información presentada por las partes antes de emitir sus observaciones.
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