Aseguró la víspera, el comandante general de ese cuerpo del orden que no figura entre sus prioridades la captura del expresidente, quien suma dos órdenes de aprehensión.

“Las resoluciones de autoridades jurisdiccionales son una obligación ineludible para todas las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley (…)”, expresa el texto.

Según el documento, la aprehensión de Morales constituye una tarea prioritaria para el Ejecutivo, y reitera el escrito que “(…) ninguna persona se encuentra por encima de la ley”.

Durante una entrevista, el periodista José Pomacusi preguntó este lunes al jerarca policial si sería un fracaso de su gestión la no detención de Morales.

“No, porque en realidad no es una prioridad dentro del cargo del comandante general”, aseguró Sokol.

Añadió que, desde «mi punto de vista, para mí, no, porque el proceso que tiene es por trata y tráfico, (…). Creo que no va muy bien tampoco el tema de las pruebas (…)”.

Por esa causa, existe una primera orden de aprehensión por trata agravada de persona que data de 2024, durante el Gobierno del exmandatario Luis Arce.

Las declaraciones de Sokol provocaron este mismo lunes la reacción del ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, quien ratificó que «el Gobierno ha definido como tarea prioritaria (…) detener a Evo Morales (…)».

Por su parte, el primer exdignatario boliviano de origen aymara reitera que el Gobierno impulsa un proceso de persecución política contra él para enmascarar la profunda crisis económica y social que vive el país.

«Que me demuestren el Comité Cívico de Santa Cruz, el ministro de Gobierno, (…) los diputados que me demandan, que demuestren cuantas armas tengo, ¿dónde está mi grupo armado? Que me digan. (…). Quiero pruebas”, afirmó la víspera el primer exmandatario indígena del Estado Plurinacional (2006-2019) en su programa dominical de Radio Kawsachun Coca (RKC).

El miércoles último, la fiscalía confirmó que el dirigente campesino de origen aymara tiene una segunda orden de aprehensión por los presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, cometidos durante los 53 días de protestas en que sectores sociales exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La relación anunciada por el Ministerio Público incluye los cargos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, protegido por miles de comunarios integrados en anillos de seguridad.

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