Independientemente de los resultados de esta jornada, la casi totalidad de la Ley de Reconstrucción Nacional ya tiene la aprobación legislativa y, en principio, quedaría lista para su promulgación.
Partidos de oposición y buena parte de las alcaldías del país exigen a La Moneda la creación de un fondo para compensar el dinero que dejarán de recibir cuando los adultos mayores no paguen las contribuciones, como se conoce aquí al tributo por la propiedad de la vivienda.
Además de la merma de los ingresos en las comunas, la propuesta del Ejecutivo es objeto de críticas porque exime del impuesto a todos los propietarios con más de 65 años, con independencia del valor declarado del inmueble, lo cual beneficia a los dueños de lujosas mansiones.
El tema se complicó más debido a los graves daños ocasionados por las tormentas consecutivas que ocurrieron en las últimas semanas en 10 de las 16 regiones de Chile.
Tras conocerse la magnitud de las pérdidas, el presidente Kast decidió incluir los costos en la Ley de Presupuesto 2027, lo que llevó a senadores de las zonas más afectadas, como Coquimbo, a condicionar su voto a cambio de la liberación inmediata de fondos.
Tal fue el caso de Matías Walker, exmiembro de la Democracia Cristiana, quien dijo que dará su apoyo a la megarreforma, sólo a cambio del compromiso por escrito de Kast de comenzar de inmediato las tareas de reparación.
La víspera el gobernante se reunió con representantes de la Unión Demócrata Independiente (UDI) con el propósito de garantizar su apoyo este martes en el Senado.
El presidente de esa formación política de derecha, Guillermo Ramírez, afirmó que “los votos de la UDI van a estar” y agregó que si la enmienda se cae no será por ellos.
La oposición, formada entre otros por los partidos Socialista, Comunista, el Frente Amplio y, con menor entusiasmo, el demócrata cristiano, indicó que en todo caso acudirán al Tribunal Constitucional para frenar la también conocida como Ley Miscelánea.
En esencia ese proyecto de corte neoliberal se dispone a rebajar los impuestos a las más grandes corporaciones del país, dar facilidades para la repatriación de capitales y aprobar inversiones sin importar eventuales daños al medio ambiente.
Según el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de esa manera los empresarios reinvertirán sus ganancias y se crearán empleos mejor pagados, tesis que es rebatida por numerosos especialistas.
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