Rodríguez sostuvo que la propuesta responde a intereses políticos y no constituye una política pública eficaz para enfrentar el incremento de la violencia en la capital ecuatoriana.
«Es una estrategia electoral que no tiene indicadores de impacto ni de resultado lo suficientemente fuertes para hablar de una gestión pública eficiente», afirmó el legislador de oposición en referencia a los sufragios del venidero 29 de noviembre para elegir autoridades locales.
La víspera, el presidente Daniel Noboa anunció el despliegue de dos mil policías y dos mil militares en Quito para hacer frente al alza de la violencia en la urbe.
Datos de la Policía Nacional indican que Quito registra más de 136 muertes violentas en lo que va de 2026.
A eso se suman las frecuentes noticias sobre desapariciones de personas en la ciudad.
«La violencia no se soluciona militarizando las calles ni con más efectivos policiales, sino atendiendo los problemas de fondo, como el empleo y la pobreza», manifestó Rodríguez.
El asambleísta también cuestionó la situación económica y social del país y aseguró que el Gobierno no ha cumplido las promesas de generación de empleo.
«Tenemos una canasta básica por encima de los 841 dólares, altos niveles de subempleo y un sistema de salud totalmente roto», sostuvo en declaraciones a la prensa.
Asimismo, advirtió que reforzar la presencia policial en Quito podría significar disminuir el número de efectivos en provincias que enfrentan mayores niveles de violencia.
Rodríguez también criticó las advertencias del Ejecutivo sobre posibles amenazas contra la capital y consideró que no deben utilizarse para justificar una mayor militarización.
«No podemos normalizar un estado de conflicto permanente para justificar la militarización y ocultar las falencias de las políticas públicas», concluyó.
A nivel nacional Ecuador acumuló cuatro mil 154 homicidios intencionales entre enero y junio de este año, la segunda cifra más alta para un primer semestre, aunque representa una disminución del 10,8 por ciento respecto al mismo período de 2025.
Desde enero de 2024, esta nación sudamericana se encuentra bajo la declaratoria de conflicto armado interno, decreto que permitió la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y ha sido cuestionado por organizaciones que denuncian violaciones de derechos en el contexto de la militarización.
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