El Senado de la Nación debe discutir mañana un proyecto de reforma a la Ley de Tierras Rurales, vigente desde 2011 durante la administración de Cristina Fernández para poner un límite del 15 por ciento a la apropiación de terrenos por parte de individuos o compañías extranjeras.

La propuesta inicial elaborada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, eliminaba todo límite para que la venta fuera libre, aunque ante el rechazo que desató aceptó un tope del 25 por ciento, pero continuó la oposición.

Para evitar que todo el anteproyecto que viene dando vuelta en los pasillos del Congreso desde abril pasado se cayera en su totalidad, este miércoles el oficialismo propuso eliminar el conflictivo capítulo sobre la venta de tierras, para salvaguardar el resto de la iniciativa.

Así, de todas formas, lo que queda de la propuesta permite usar las tierras de bosques quemados, la expropiación de terrenos y el desalojo.

Con esa modificación, la bancada de La Libertad Avanza y sus aliados en el Senado esperan conseguir los votos para darle media sanción al proyecto.

De todas manera, la tenencia extranjera de porciones del territorio argentino genera fuerte polémica en el país, ya que aun cuando en 2011 se fijó un límite del 15 por ciento, ya con anterioridad compañías foráneas habían adquirido mucho más que ese porcentaje, especialmente en zonas fronterizas, ricas en recursos minerales, acuíferas y boscosas.

Esas 13,2 millones de hectáreas equivalen al 5 por ciento de la superficie continental del país, una geografía similar al de la provincia de Santa Fe o Santiago del Estero y unas diez veces la superficie de las Islas Malvinas, o el tamaño de Inglaterra.

Esas tierras rurales no se distribuyen de manera homogénea. Las mayores concentraciones aparecen donde confluyen algunos de los principales activos estratégicos del país: agua dulce, minerales críticos, puertos, bosques, infraestructura energética y pasos fronterizos.

Por ejemplo, en el departamento de San Carlos, en Salta, el 59,8 por ciento de una rica zona hídrica está en manos extranjeras; lo mismo sucede en Molinos en esa misma norteña provincia el 57,8 por ciento lo controla una empresa foránea.

En General Lamadrid, en La Rioja, el 56,7 por ciento de suelo minero está bajo control no argentino, e igual en Lácar, en la patagónica Neuquén, el 54,2 por ciento de recursos hídricos lo poseen extranjeros.

Lo mismo acontece con el 50,3 por ciento de las vías navegables en Campana, provincia de Buenos Aires. Y así por toda la geografía argentina donde hay riqueza existe una posesión foránea.

Misiones es la segunda provincia con mayor nivel de extranjerización del país y reúne cinco departamentos que superan el límite legal del 15 por ciento.

El caso más extremo es Iguazú, donde casi el 40 por ciento de su territorio pertenece a capitales extranjeros. Le siguen Montecarlo, General San Martín y Eldorado. Un informe del Observatorio de Tierras sostiene que el corredor forestal sobre el Paraná «es, en los hechos, el corredor de la extranjerización misionera».

mh