De acuerdo con la cartera, las decisiones tomadas fortalecen la capacidad institucional para garantizar el acceso a la información ambiental, la participación efectiva de la ciudadanía, y la protección de quienes se dedican a la protección de los ecosistemas, entre otras cuestiones.

Según expuso la ministra, Irene Vélez, con la puesta en marcha de herramientas para ejecutar el Acuerdo se fortalece la democracia ambiental en Colombia y destacó que las medidas representan el cumplimiento de un compromiso del Gobierno con la población y los territorios.

Trascendió que la Comisión Intersectorial para la Implementación del Acuerdo de Escazú (CiEscazú), creada mediante decreto presidencial, será la instancia permanente encargada de coordinar, orientar y hacer seguimiento a la hoja de ruta para implementación del tratado.

La Hoja de Ruta, por su parte, establece 18 acciones prioritarias, con responsables institucionales, cronogramas, indicadores y mecanismos de seguimiento que permitirán evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos por la nación neogranadina.

En su confección intervinieron entidades públicas, autoridades ambientales, pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, organizaciones campesinas, academia, sector privado, organizaciones sociales y personas defensoras del ambiente.

Adoptado en 2018 en la ciudad costarricense homónima, el Acuerdo de Escazú es un tratado internacional de América Latina y el Caribe que garantiza el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

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