El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución No. 83-26, que autoriza al ministro de la Presidencia a presentar la iniciativa, la cual modifica y adiciona artículos al Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, según informó hoy el Palacio de las Garzas, sede del Ejecutivo.
La propuesta responde a las reiteradas quejas por fluctuaciones de voltaje, interrupciones del servicio, daños a equipos electrodomésticos y dificultades para que los clientes presenten reclamaciones y obtengan compensaciones.
Entre las medidas figura el incremento de las multas para las empresas distribuidoras, que podrán ascender hasta 20 millones de dólares en caso de violaciones a la ley o a los contratos de concesión.
El proyecto dispone además que los usuarios reciban créditos cuando las distribuidoras incumplan las normas de calidad del servicio y establece plazos para la atención de reclamaciones, así como mayores obligaciones de transparencia en la información suministrada a los clientes.
La iniciativa también faculta a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) para intervenir temporalmente una empresa distribuidora mientras subsana irregularidades, durante un proceso de rescisión administrativa del contrato o hasta la terminación de la licencia correspondiente.
La reforma fortalece igualmente las atribuciones de fiscalización y supervisión de la ASEP, amplía las facultades de cobro coactivo en procesos de resarcimiento económico a los consumidores e incorpora disposiciones para evitar una concentración excesiva en el mercado eléctrico.
Otro de los aspectos de la propuesta establece como obligación de las distribuidoras la electrificación de áreas rurales no servidas, incluidas aquellas consideradas no rentables y sin concesión.
La administradora general de la ASEP, Zelmar Rodríguez, señaló que esa disposición podría beneficiar a unas 150 mil familias que actualmente carecen del servicio eléctrico.
El proyecto incorpora, además, incentivos regulatorios para facilitar esas inversiones y prevé la modernización del sistema mediante redes inteligentes, mejoras en los sistemas de medición, mayor transparencia operativa y nuevos compromisos de inversión.
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