Según comunicó el Ministerio de Ambiente, la norma genera una protección histórica al prohibir, desde su entrada en vigor, el otorgamiento de nuevas concesiones mineras, contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, así como la expedición de nuevas licencias, permisos o autorizaciones ambientales para este tipo de actividades.

La ministra, Irene Vélez, apuntó cómo, durante décadas, la Amazonía se entendió como un frente extractivo y de expansión de los modos de producción capitalista, con lo cual los bienes comunes de las comunidades étnicas y rurales eran convertidos en mercancía.

A propósito de la resolución, afirmó que Colombia es el primero de los ocho países amazónicos que decide reconocer el bioma como lo que realmente es: “una infraestructura natural que es indispensable para el agua, para la estabilidad climática, para la protección de la biodiversidad y para la pervivencia cultural de los pueblos”.

Con la declaratoria, remarcó la cartera ministerial, el país neogranadino fortalece la protección de más del 80 por ciento de la cobertura boscosa del Bioma Amazónico.

Señaló que el objetivo es contribuir a evitar que la Amazonía alcance un punto crítico en el que podría perder progresivamente su capacidad de regeneración y desencadenar procesos irreversibles de degradación.

El Bioma Amazónico colombiano representa cerca del siete por ciento de la Amazonía y se extiende por 10 departamentos.

Comprende en su totalidad los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés, y parcialmente Meta, Vichada, Cauca y Nariño.

En total, la zona incluye 61 municipios, de los cuales 43 hacen parte de manera total y 18 de forma parcial.

El Bioma Amazónico constituye asimismo un territorio estratégico para la conectividad biológica entre los Andes y la Amazonía, al facilitar el desplazamiento de especies, el intercambio genético y el mantenimiento de procesos ecológicos esenciales.

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