La acción penal fue presentada ante la Justicia Federal y acusa a las compañías Selano Trade Reparos Navais y PSA Reparos Navais de mantener un astillero clandestino de febrero de 2018 a febrero de 2025 en el barrio de Caju, en la zona portuaria de Río de Janeiro.
Según la denuncia, durante ese período las empresas almacenaron y abandonaron de manera irregular residuos oleosos, cilindros de gases inflamables y otras sustancias peligrosas, incumpliendo la legislación ambiental brasileña.
Dicho ministerio sostiene que parte de esos desechos alcanzó las aguas de la bahía de Guanabara, provocando contaminación y daños ambientales considerados irreparables para tal ecosistema.
Agencia Brasil expuso que la investigación comenzó en febrero de 2025, después de una inspección realizada por el Instituto Estatal del Ambiente, con apoyo de la Comisaría de Protección al Medio Ambiente.
Durante la fiscalización, los agentes comprobaron que el astillero continuaba prestando servicios de reparación de embarcaciones pese a carecer de autorización ambiental para funcionar.
Además de solicitar la condena penal de las empresas y de su administrador por delitos ambientales, la Fiscalía pidió que la Justicia establezca una indemnización mínima de 1,45 millones de reales (unos 290 mil dólares) para reparar los daños.
Esa cantidad equivale al 50 por ciento de las ganancias obtenidas mediante la explotación comercial del área durante el período en que el establecimiento operó de forma irregular.
La bahía de Guanabara constituye uno de los símbolos ambientales de Río de Janeiro y desde hace décadas enfrenta graves problemas derivados del vertimiento de aguas residuales, efluentes industriales y accidentes con hidrocarburos.
Especialistas consideran que la preservación del estuario resulta estratégica por su elevada biodiversidad, la presencia de manglares y su importancia para la pesca artesanal, el transporte marítimo y las actividades económicas de la región metropolitana fluminense.
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