Datos divulgados por el 20 Anuario Brasileño de Seguridad Pública indican que el número de sustracciones disminuyó nueve por ciento con respecto a 2024, cuando fueron reportados 909 mil 753 casos.
El informe señala que como promedio se denunciaron mil 325 hurtos de celulares por día durante 2025.
En la mayoría de los incidentes, las víctimas solo perciben la desaparición del dispositivo tiempo después del hecho, especialmente en el transporte público o en lugares con gran concentración de personas.
Además del valor material del equipo, especialistas advierten que la pérdida de un teléfono móvil puede generar consecuencias financieras de mayor alcance.
Los dispositivos almacenan aplicaciones bancarias, documentos, contraseñas y datos personales que pueden ser utilizados por delincuentes para cometer fraudes, realizar transferencias ilegales o acceder a cuentas digitales de las víctimas, explicó agencia Brasil.
Una investigación realizada por la Confederación Nacional de las Aseguradoras y el Instituto Locomotiva reveló que seis de cada 10 entrevistados afirmaron haber sufrido el robo de un celular, o convivir con alguien que pasó por esa situación sin poder adquirir otro aparato de inmediato.
El estudio también mostró que más de la mitad de las familias brasileñas no logra cubrir todos sus gastos mensuales, por lo que la reposición inesperada de un teléfono puede afectar seriamente el presupuesto doméstico.
Para millones de trabajadores que utilizan el celular como herramienta laboral, el perjuicio también se traduce en pérdida de ingresos, interrupción de actividades comerciales y dificultades para acceder a servicios financieros o plataformas digitales.
Otra encuesta, elaborada por el Foro Brasileño de Seguridad Pública y el Instituto Datafolha, reflejó que el 78,8 por ciento de la población teme ser víctima del robo de un celular, mientras que el 83,2 por ciento manifestó preocupación por posibles estafas electrónicas vinculadas a esos delitos.
Ante el referido problema, se recomienda bloquear de inmediato el aparato, la línea telefónica y las cuentas bancarias asociadas, además de reforzar las medidas de seguridad digital para reducir el riesgo de fraudes posteriores.
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