Denominada Alianza por el Voto Libre y Secreto, la iniciativa reúne al Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior del Trabajo y el Ministerio Público del Trabajo, con el propósito de ampliar el conocimiento de la población sobre esa práctica ilegal y reforzar el derecho de los ciudadanos a ejercer el sufragio sin presiones o intimidaciones.

Con el lema En mi voto mando yo, la campaña será difundida durante el proceso electoral de 2026 mediante piezas audiovisuales, publicaciones digitales y acciones de sensibilización dirigidas a trabajadores, empleadores, instituciones públicas y empresas privadas.

Su objetivo es alertar sobre las diferentes formas de coacción política en el ámbito laboral y promover una cultura de respeto a la libertad de elección, recalcaron medios de prensa, como agencia Brasil.

Las autoridades recordaron que el acoso electoral ocurre cuando empleadores, superiores jerárquicos u otras personas utilizan su posición de poder para influir en la decisión política de los trabajadores.

Entre las conductas consideradas irregulares figuran amenazas de despido, promesas de beneficios laborales, exigencias de participar en actos de campaña, presión para revelar el voto o cualquier forma de discriminación basada en preferencias políticas.

Durante el lanzamiento de la movilización, los responsables de las instituciones participantes insistieron en que el voto es un derecho constitucional, libre y secreto, y que ninguna relación laboral puede servir como instrumento para condicionar la voluntad política de los ciudadanos.

Asimismo, enfatizaron que las empresas deben garantizar un ambiente de trabajo respetuoso de la diversidad de opiniones y del pluralismo democrático.

Dicha campaña también busca estimular las denuncias de episodios de acoso electoral ante las autoridades competentes.

El Ministerio Público del Trabajo recordó que los trabajadores pueden presentar pruebas como mensajes, correos electrónicos, grabaciones o testimonios que permitan investigar los hechos y, en caso de comprobarse las irregularidades, aplicar las sanciones previstas por la legislación vigente.

La movilización se desarrolla en el contexto de las elecciones generales previstas para octubre próximo y forma parte de las acciones institucionales encaminadas a preservar la integridad del proceso democrático.

rc/dsa