En una declaración emitida aquí afirmó Fenatrama que el texto, impulsado por el gobierno de José Antonio Kast, no incorporó las observaciones técnicas presentadas por la organización y otros actores especializados durante su discusión legislativa.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la norma que permitiría indemnizar con recursos fiscales a titulares de proyectos cuyas Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) hayan sido anuladas por los tribunales.

Según la agrupación gremial, esta disposición podría convertir la ilegalidad de un acto administrativo en un eventual beneficio económico para las empresas.

Fenatrama también critica la restricción de las reclamaciones de terceros contra las RCA, lo cual limitaría el acceso a la justicia de comunidades y personas afectadas por proyectos industriales.

La normativa agiliza los permisos de inversión, debilita la fiscalización y reduce los plazos e instancias de participación ciudadana y reclamación ante la justicia.

La Federación valoró la decisión del Tribunal Constitucional de aceptar tres requerimientos presentados por la oposición en contra de la megarreforma.

Entre ellos figura el controvertido proyecto que da prioridad a la tramitación rápida de planes de inversión, por encima de la protección del medio ambiente y los recursos naturales del país.

car