La idea de mantener en suspenso por cinco años esa legislación la plantearon diputados del ultraderechista Partido Nacional Libertario (PNL), apoyados por el conservador Partido de la Gente y otros parlamentarios, bajo el pretexto de que generó una sobrecarga en el sistema laboral.

“Que existan miles de denuncias no demuestra que la ley fracasó. Por el contrario, demuestra la magnitud del acoso que estaba silenciado”, advirtió la jefa de bancada del Frente Amplio (FA) en la Cámara de Diputados e integrante de la Comisión de Trabajo, Gael Yeomans.

La Ley Karin fue aprobada en 2024 durante el gobierno de Gabriel Boric y lleva el nombre de Karin Salgado, una técnica en enfermería víctima de maltratos y agresiones por parte de colegas y superiores, que afectaron su salud emocional y la llevaron al suicidio en 2019.

Para Jaime Araya, diputado independiente cercano al Partido por la Democracia, la propuesta del PNL provocará un retroceso hacia el desamparo, la desprotección y precarización de los trabajadores y trabajadoras.

«Lo que hoy estos parlamentarios llaman colapso del sistema o exceso de denuncias, nosotras lo llamamos el fin de la impunidad”, advirtió, por su parte, Carolina Tello, del FA.

Recordó que las más de 66 mil querellas presentadas no son una falla de diseño de la ley, sino la radiografía de una violencia laboral histórica, estructural y naturalizada en Chile que, por fin, encontró una herramienta real para ser denunciada.

Al referirse a la polémica suscitada, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, del partido de derecha Renovación Nacional, declaró: “No cuenten con mi voto para suspender esta ley”.

Añadió que los gobiernos han perfeccionado los reglamentos y eso forma parte de sus atribuciones, pero no se puede desproteger a quienes solo tienen la Ley Karin para velar por sus derechos.

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