Cuando el canciller peruano, Carlos Espá, anunció a primera hora que Chávez iba camino a su asilo en el país azteca, solo confirmó un desenlace que las presidentas de Perú, Keiko Fujimori, y México Claudia Sheinbaum, habían adelantado, la primera antes de asumir el cargo.

La común convicción de la importancia de las históricas relaciones bilaterales fue el sustento de su disposición a superar el incidente planteado por la negativa de extender el salvoconducto a la asilada, acogida por la Embajada de México antes de que fuera condenad a 11 años de cárcel, en noviembre de 2025.

El ministro Espá precisó que Chávez viajó en un avión de la Fuerza Aérea de México y la operación fue coordinada por la Cancillería y los ministerios de Defensa y del Interior de Perú, el Gobierno de Brasil (a cargo de los intereses de México aquí) y las autoridades mexicanas.

Tras la partida, un escueto comunicado anunció el restablecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales, rotas por Perú como reacción al asilo otorgado a Chávez, lo que incluyó impedir el viaje a México.

Por su parte, la Cancillería peruana trató el tema en un comunicado en el que plantea que en Perú “no existe persecución política y que se respeta plenamente el Estado de derecho, la separación de poderes y las garantías del debido proceso”.

El texto consigna el compromiso del Perú con el derecho internacional y añade que “el otorgamiento del salvoconducto no modifica la situación judicial de Betsy Chávez”, recordando que fue condenada por conspiración para la rebelión y tiene otro proceso pendiente.

Tambien dice que “dejó constancia de que se reserva el derecho de solicitar una eventual extradición de Betsy Chávez, en caso de que las autoridades judiciales peruanas así lo requieran”.

Expresó además su voluntad de fortalecer los históricos vínculos de amistad entre Perú y México, reafirmando su compromiso con el diálogo diplomático y la cooperación bilateral.

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