Fue un adelanto del director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leandro Palomeque, quien explicó que la declaración incluye la revisión de protocolos y la labor permanente de grupos de trabajo institucionales.

Así lo declaró a la salida de una sesión de la Junta Nacional de Emergencias y Reducción de Riesgos, órgano dependiente del Sinae, en la que se abordaron diversos escenarios de afectación por el evento climatológico.

Dijo que se tomó en cuenta información disponible desde 1997 y registros posteriores en los que diversas zonas del país sufrieron inundaciones por fuertes precipitaciones.

Palomeque reparó que si bien “no es posible determinar un escenario acertado” con base en la información actualmente disponible, los análisis permiten avizorar cuál será el mayor nivel de impacto y preparar a los territorios.

El funcionario anticipó que los estimados indican las primeras afectaciones en el mes de septiembre.

Luego se esperan “picos altos en noviembre y diciembre”, cuando se darán “los escenarios de más alto caudal”, y después un repunte en marzo.

Se auguran caudales mensuales de precipitación estimados entre los 400 y 500 milímetros, cifras cercanas a la mitad del acumulado esperado para un año corriente, apuntó.

Por ello reconoció como probable el desplazamiento de personas “por un periodo prolongado de tiempo”, pues se esperan inundaciones en riberas de ríos y arroyos así como en los sistemas de drenaje urbanos.

Tales afectaciones resultan recurrentes en departamentos del litoral oeste como Salto, Paysandú y Mercedes, afectados históricamente por las crecidas del río Uruguay.

Palomeque sostuvo que entre los ejes de trabajo propuestos se encuentra la utilización de sistemas de alerta temprana que permitan “operar la evacuación de las personas en seco”.

“Es decir, antes que el nivel de agua las alcance a afectar, minimizando las pérdidas”, manifestó.

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