La presentación de la acusación la hizo ante los tribunales el abogado Gregorio Galbón quien solicitó una investigación judicial por el brutal accionar de las fuerzas de seguridad durante la jornada del 6 de agosto, el cual dejó saldo de mil 500 heridos, además de 18 detenidos.

De acuerdo con la denuncia de la que se hacen eco esta tarde varios medios, más de 820 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura participaron del operativo desplegado en las inmediaciones del Congreso.

La presentación sostiene que la manifestación comenzó de manera pacífica y que, con el correr de la jornada, las fuerzas avanzaron sobre los sectores ocupados por los manifestantes cuando más personas se sumaban a la concentración.

Monteoliva, como máxima autoridad política de la cartera de la que dependen las fuerzas federales involucradas, debe ser investigada en función de las decisiones adoptadas antes, durante y después de la jornada, precisa Galbón.

Según reporta el canal de noticias C5N, la denuncia se centra en posibles delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, vejaciones y apremios ilegales. También piden investigar quién autorizó la presencia de policías de civil armados y quién ordenó el operativo.

La represión contra los manifestantes tuvo lugar el jueves cuando una masiva movilización se concentró frente al Congreso de la Nación para protestar contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que se discutió ese día en el Senado.

La acusación ahora bajo la lupa judicial abarca, además, “todos aquellos funcionarios públicos y efectivos de las fuerzas federales que resulten responsables”, ya sea como autores, coautores, partícipes o por las responsabilidades funcionales que pudieran corresponder.

La presentación hecha por Galbón sostiene que el comisario inspector Gauna aparece en imágenes difundidas públicamente vestido de civil, portando un arma larga y efectuando disparos durante el operativo.

“Lo que surge de los registros difundidos es la participación activa de un funcionario policial armado, sin uniforme visible, en una intervención de naturaleza coercitiva”, sostiene la presentación. También solicita que el efectivo señalado sea apartado preventivamente de sus funciones mientras avanza la investigación.

El letrado pide se determine qué arma utilizó el funcionario policial, qué munición llevaba, quién autorizó su portación, cuál era la función que tenía asignada y bajo qué órdenes actuaba.

C5N señala que la presentación busca establecer si la presencia de personal armado de civil formaba parte del dispositivo de seguridad previamente planificado y autorizado por las autoridades policiales y políticas, o si, por el contrario, se trató de una conducta individual que excedió las órdenes recibidas.

La denuncia pone especial énfasis en las agresiones sufridas por trabajadores de prensa. “Uno de los aspectos más preocupantes de la jornada fue precisamente la afectación de periodistas, fotógrafos y camarógrafos que se encontraban desarrollando su actividad profesional”, afirma el escrito.

Una fotorreportera sufrió un contundente golpe en la cabeza que le provocó fractura en la base del cráneo y seria afectación en su oído izquierda. La colega todavía está ingresada en el Hospital Dr. Argerich bajo observación neurológica.

mh