A ese panorama se agrega la extendida percepción de que la demora se debe a diferencias en el gabinete ministerial sobre las facultades que son usualmente solicitadas por quienes llegan al gobierno.

El primer ministro, Luis Galarreta, negó rotundamente esas discrepancias, lo cual contrasta con versiones de diversos medios que citan fuentes extraoficiales del equipo ministerial.

Atribuyó la dilación de la espera, en parte, a problemas administrativos como los requerimientos de nombramientos de funcionarios de alto nivel.

Diversas fuentes mencionan como posible causa de la espera el impacto negativo que causó en la población la filtración a la prensa del proyecto de las medidas que solicitaría el gobierno de Keiko Fujimori.

En el documento, calificado oficialmente como un borrador, se incluyen afectaciones a los derechos laborales, normas tributarias a favor de grandes empresas y otras disposiciones consideradas antipopulares, y medidas sobre seguridad ciudadana, como temas principales.

La presidenta y sus ministros negaron esos alcances pero los críticos del Ejecutivo señalaron que el pedido de facultades obedecería a reducir o modificar las mismas para que tengan aceptación, sobre todo en el Parlamento, donde el oficialismo carece de mayoría en la Cámara de Diputados.

El ex consejero presidencial y analista político Julio Schiappa, anotó que el proyecto de facultades “se ha ido adelgazando” y afirmó que el número de medidas se reducidas.

“Sin embargo, el oficialismo no ha logrado conseguir los votos que necesitaría para que fuese aprobado su proyecto de ley y esto expone al Ejecutivo a un primer fiasco, que no está dispuesto a pasar”, por lo que se ha visto obligado a la reducción, dijo.

El analista atribuyó los problemas del Ejecutivo a que la nueva administración es “un gobierno de improvisados , sin gerencia para tomar decisiones y ordenar actividades”.

Apunto además que “un pelotón que carece de sargento y anda desorganizado, anima a la oposición a pasarlos por las armas”.

El ex viceministro de Empleo de la cartera de Trabajo, Fernando Cuadros, afirmó que en este ámbito, se pretende resucitar una ley de empleo juvenil con reducción de derechos aprobada a fines de 2014 que fue anulada por la presión de una protesta juvenil masiva.

Pese a los desmentidos oficiales, aseguró que la propuesta laboral apunta a recortar vacaciones, compensaciones por tiempo de servicio y gratificaciones, entre otras conquistas sindicales.

Otro tema en controversia es el de seguridad ciudadana, en el que la presidenta ha decidido combatir el desborde delincuencial con el despliegue de fuerzas militares como apoyo a la Policía y el control de las cárceles y cuenta con el aval de las encuestas.

Sin embargo, pero es cuestionado por expertos en seguridad y políticos que invocan que no hay antecedentes en otros países, de que usar las bayonetas hayan podido combatir exitosamente al crimen organizado.

Uno de los discrepantes es el ex ministro del Interior y ex titular del organismo a cargo de las cárceles, José Luis Pérez Guadalupe, quien objeta el proyecto de privatizar el control de los penales, el cual considera inviable porque ninguna empresa va a aceptar encargarse de un presidio a cambio de lo que el Estado está dispuesto a pagar.

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