Opinó en sus redes sociales que “el Estado ya dispone de instituciones a cargo de la fiscalización, el control y la justicia para combatir la corrupción”.

Recordó el exdignatario las funciones de las distintas instancias estatales.

Describió que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) “fiscaliza y legisla”; la Contraloría General del Estado es el “órgano rector del control gubernamental”; el control social es ejercido por la ciudadanía; la Procuraduría representa al Estado; el Ministerio Público “resguarda la legalidad”, mientras que el Órgano Judicial y los tribunales ejercen la jurisdicción.

En su discurso en Sucre el 6 de agosto último por el aniversario 201 de la independencia de Bolivia, el presidente, Rodrigo Paz, anunció la creación de un Alto Comisionado con la misión de coordinar una política nacional de prevención, transparencia y lucha contra la corrupción.

Defendió el dignatario la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, y reconoció que la corrupción constituye un problema estructural en el país.

“La corrupción está en todas las instituciones; no hay una que se salve de la corrupción”, sostuvo el mandatario.

Al respecto, Rodríguez Veltzé señaló que el desafío está en hacer funcionar de manera efectiva las estructuras que ya existen.

“La coordinación y cooperación en estas funciones constitucionales exige compromiso de servicio e integridad”, reiteró.

Igualmente, reclamó acuerdos que trasciendan a una gestión gubernamental y permitan avanzar en reformas estructurales.

Desde su punto de vista, se necesita “voluntad política para acordar políticas de Estado, —no solo de Gobierno—, lo cual mencionó como indispensable para las reformas estructurales pendientes.

La crítica principal del ex jefe de Estado apunta a la expansión de nuevas estructuras dentro del aparato estatal.

“El centralismo debe forjar acuerdos institucionales y ciudadanos antes que expandir la burocracia con nuevas figuras y con competencias que pueden resultar repetidas”, reiteró.

Las autoridades de Bolivia en todas las instancias coinciden en que la crisis institucional genera corrupción en prácticamente todas las instituciones del Estado, sin que hasta el momento ninguna medida haya resuelto el problema.

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