Hasta el momento, ascienden a más de dos mil 400 los aspirantes que presentaron su documentación para aspirar a cargos locales, según datos de la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas divulgados en la prensa local.
Los partidos disponen hasta las 18:00 (hora local) del lunes 17 de agosto para completar el procedimiento de inscripción, que se realiza exclusivamente a través de una plataforma digital habilitada por el CNE.
Para facilitar el trámite el pasado fin de semana y el lunes 10 de agosto, feriado nacional, el organismo electoral habilitó mesas de asistencia técnica en sus delegaciones provinciales y en su sede nacional.
Los grupos políticos deben completar formularios, registrar a los responsables del manejo económico, contador y jefe de campaña, y presentar los planes de trabajo, hojas de vida y declaraciones juramentadas de los candidatos, entre otros documentos.
El CNE aclaró que las postulaciones registradas actualmente no constituyen candidaturas oficialmente calificadas, ya que deberán superar la revisión de los requisitos legales y posibles inhabilidades antes de que una resolución firme.
El calendario contempla la publicación de la lista oficial de candidaturas el 9 de noviembre, mientras que la campaña y los debates se desarrollarán entre el 12 y el 26 de noviembre.
Para los comicios están convocados unos 13,8 millones de electores, quienes elegirán cinco mil 736 autoridades para el período 2027-2031.
Los votantes escogerán 23 prefectos y viceprefectos provinciales, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos, 457 concejales rurales y cuatro mil 131 vocales de juntas parroquiales rurales, además de siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
La jornada electoral está prevista para el 29 de noviembre de 2026, después de que el CNE adelantara los comicios inicialmente programados para febrero de 2027 con el argumento de que el fenómeno climático El Niño podría afectar el desarrollo de los sufragios.
El proceso se desarrolla en un contexto político marcado por la suspensión de organizaciones opositoras, entre ellas la Revolución Ciudadana, principal fuerza política vinculada al expresidente Rafael Correa, y el movimiento Amigo.
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