El tema fue debatido este martes por el Concejo Metropolitano de la capital durante una sesión en la que las autoridades municipales explicaron el alcance del nuevo Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito la víspera con el Ministerio del Interior.
Adriana Moreira, gerenta de la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad (Emseguridad), rechazó las afirmaciones de Reimberg, quien aseveró que existirían entre cinco y seis “salas espejo” conectadas al sistema de videovigilancia.
“Categóricamente digo, no tenemos salas espejo”, afirmó la funcionaria ante el pleno del Concejo y negó conexiones de ese tipo con entidades municipales como la Agencia Metropolitana de Tránsito y la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas.
El alcalde, Pabel Muñoz, sostuvo que las 632 cámaras municipales han funcionado dentro de la infraestructura del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 y aseguró que ninguna entidad de la Corporación Municipal les ha dado un uso distinto al establecido.
La controversia surgió después de que el Gobierno asumió este lunes el control de la videovigilancia de Quito mediante la Policía Nacional y anunció una investigación sobre las presuntas “salas espejo”.
Reimberg acusó a la administración municipal de realizar un uso “irresponsable” de la tecnología y señaló que las cámaras debían servir para anticipar delitos, identificar a sus responsables y facilitar su captura.
El alcalde no rechazó el convenio con el Gobierno central, ya que permitirá establecer una planificación conjunta con la Policía Nacional, con una participación permanente de agentes en la Sala Situacional del Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano.
Según Muñoz, la integración permitirá mantener una “lógica dual” en el uso de las cámaras, mientras la Policía empleará la información para la prevención y respuesta frente al delito, el Municipio la utilizará para atender emergencias y gestionar el espacio público.
Esta polémica tiene lugar luego del anuncio del despliegue de cuatro mil policías y militares adicionales en Quito, para reforzar las operaciones contra el crimen organizado.
La provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, es una de los 10 territorios que desde junio pasado está bajo un nuevo estado de excepción decretado por el presidente, Daniel Noboa, como parte de su estrategia contra el crimen organizado.
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