El proyecto finalizó la semana anterior su trámite en el Congreso Nacional con una votación favorable, pero diputados y senadores de oposición presentaron ante la máxima corte del país varios requerimientos acerca de tres temas puntuales de la iniciativa.

Encabeza la lista la invariabilidad tributaria la cual significa que ningún gobierno puede subir, bajar o modificar en manera alguna los impuestos acordados en esa legislación.

La propuesta inicial era fijar 25 años de inmovilidad fiscal en la disminución del impuesto corporativo a las grandes empresas, que debe bajar de 27 a 23 por ciento.

Ante las fuertes críticas recibidas, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, artífice de la megarreforma, acordó escalas de 10, 15 y 20 años, según el monto del capital invertido, pero aun así el asunto pasó a la Corte donde debe dictaminar si viola o no la Carta Magna.

En segundo lugar, están las llamadas Resoluciones de Calificación Ambiental que obligan al fisco a pagar indemnizaciones a las empresas cuyos permisos medioambientales resulten anulados por un tribunal de justicia.

Estas erogaciones, argumentan los opositores, obligarían a todos los chilenos a beneficiar con sus impuestos a corporaciones que violen las normas de protección al entorno natural del país.

Finalmente, opositores y promotores de la Ley de Reconstrucción Nacional, nombre oficial de la megarreforma, deben entregar sus argumentos sobre el mecanismo de compensación a los municipios, que perderán ingresos por la derogación del impuesto territorial a mayores de 65 años.

Tras la entrega final este martes de las observaciones, al día siguiente habrá una audiencia pública sobre el tema y el jueves se espera que la Corte Constitucional emita su veredicto, con carácter inapelable.

arc/car/eam