La fecha inicialmente prevista para los sufragios era el 14 de febrero de 2027, pero el CNE determinó anticiparlos con el argumento de que el impacto del fenómeno climático El Niño podría obstaculizar el desarrollo de la jornada electoral.

Las impugnaciones fueron interpuestas entre el 30 de marzo y el 17 de julio por organizaciones políticas y de la sociedad civil, que señalaron posibles vulneraciones de derechos como la seguridad jurídica, el debido proceso y la participación en elecciones.

Según la Corte, los argumentos presentados no eran pertinentes, claros, ciertos ni específicos respecto de una eventual incompatibilidad entre la decisión electoral y la Constitución.

El Tribunal consideró que las demandas no planteaban un problema de naturaleza constitucional, sino cuestiones relacionadas con la “simple conveniencia”, por lo que no correspondía a la Corte analizarlas.

Con la anticipación de los comicios se redujeron los plazos establecidos para etapas como la democracia interna, la inscripción y calificación de candidaturas y la campaña electoral.

Con la decisión de la Corte Constitucional, unos 13,8 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas el 29 de noviembre.

El calendario contempla la publicación de la lista oficial de candidaturas el 9 de noviembre, mientras que la campaña y los debates se desarrollarán entre el 12 y el 26 de noviembre.

Los votantes escogerán 23 prefectos y viceprefectos provinciales, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos, 457 concejales rurales y cuatro mil 131 vocales de juntas parroquiales rurales, además de siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

El proceso se desarrolla en un contexto político marcado por la suspensión de organizaciones opositoras, entre ellas la Revolución Ciudadana, principal fuerza política vinculada al expresidente Rafael Correa, y el movimiento Amigo.

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