La iniciativa fue adoptada durante una sesión legislativa y llega en medio de una grave crisis de hacinamiento en las cárceles del país, donde persisten además reclamos para resolver la situación de numerosos detenidos que aún no han sido juzgados.
El diputado Imad Hout afirmó tras la votación que 79 de los 146 denominados detenidos islamistas serán puestos en libertad.
En Líbano, ese término se utiliza para referirse a unos 400 presos, la mayoría recluidos en la cárcel de Roumieh. Según estimaciones difundidas localmente, alrededor de 170 son sirios y más de la mitad permanecen detenidos sin sentencia.
Organizaciones y familiares de esos presos reclamaron en reiteradas ocasiones una solución a su situación. A finales de 2025, decenas de personas realizaron una protesta en Trípoli para exigir la aprobación de una amnistía general.
Hout subrayó que las autoridades no deben mantener a ningún detenido en prisión preventiva más allá de los plazos establecidos por la ley.
La sesión estuvo marcada por la retirada de diputados del bloque Líbano Fuerte, encabezado por Gebran Bassil, y del bloque de Hezbolá, en protesta por la ausencia del ministro de Defensa, Michel Mansour, durante el debate.
La ley fue aprobada en un contexto de fuerte presión sobre el sistema penitenciario libanés. Datos no oficiales de organizaciones de derechos humanos señalan que las cárceles operan muy por encima de su capacidad y que cerca de un tercio de los reclusos permanece detenido sin juicio.
Las mismas fuentes estiman que unas cuatro mil personas podrían beneficiarse de la nueva legislación.
El debate sobre la amnistía incluyó también la situación de ciudadanos libaneses que se refugiaron en Israel tras la retirada de las tropas israelíes del sur del Líbano en 2000.
La aprobación de la norma pone fin, al menos de momento, a una prolongada disputa política en torno al alcance de la amnistía, en medio de objeciones de sectores que rechazan incluir a personas acusadas de delitos graves como asesinato, narcotráfico o corrupción.
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