El caso se refiere a una serie de ataques del Primer Comando de la Capital (PCC) y a la posterior respuesta policial que dejó al menos 545 personas muertas en el estado de São Paulo, muchas de ellas con indicios de ejecución.
Durante la sesión de este miércoles, la mayoría de los ministros del STJ acompañó el voto del relator, Teodoro Santos, quien consideró que, al tratarse de una grave violación de derechos humanos, deben prevalecer las normas establecidas en tratados internacionales que impiden aplicar la prescripción.
La decisión significa que aún existe la posibilidad de que el Estado brasileño sea condenado a indemnizar a las víctimas o a sus familiares por los hechos ocurridos hace dos décadas.
Esta acción fue presentada por el Ministerio Público y la Defensoría Pública de São Paulo, y regresará ahora al Tribunal de Justicia de ese estado, que deberá analizar el fondo de la demanda civil y determinar una eventual responsabilidad estatal.
Para la organización Conectas y el Movimiento Independiente Madres de Mayo, que participaron en el proceso como amicus curiae, la decisión constituye un precedente jurídico al reconocer que la responsabilidad civil del Estado por graves violaciones de derechos humanos no prescribe.
Caroline Leal, abogada del equipo de litigio estratégico de Conectas, calificó el fallo como histórico y destacó que la mayoría del STJ reconoció la imprescriptibilidad de graves violaciones de derechos humanos incluso cuando ocurren durante un régimen democrático.
En entrevista con Agencia Brasil, la especialista manifestó que el pronunciamiento define un nuevo escenario para la reparación de las víctimas y sus familiares, mientras rechaza la interpretación de que la imprescriptibilidad debería limitarse a violaciones cometidas durante la dictadura militar brasileña.
Los Crímenes de Mayo ocurrieron en ese mes de 2006, después de una ola de ataques atribuidos al PCC contra fuerzas de seguridad y otros objetivos, en una ofensiva que fue seguida por una intensa reacción policial en diferentes regiones de São Paulo.
Junto a los más de 500 muertos, el episodio dejó numerosas denuncias de ejecuciones cometidas por agentes estatales.
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