“Se presentó una denuncia penal contra el ministro José Gabriel Espinoza porque él, conociendo la norma, está evadiendo impuestos”, afirmó el vicemandatario.

La acusación de Lara está relacionada con la diferencia entre el valor que Espinoza reconoció como precio de una vagoneta Audi de alta gama y el monto consignado en una escritura pública difundida el martes por el canal privado DTV.

De acuerdo con esa información, el documento registra la transferencia del motorizado por 50 mil bolivianos (unos cinco mil dólares), mientras que Espinoza sostiene que el costo real fue de 350 mil bolivianos (unos 35 mil dólares).

“Hay un documento privado que ha sido contratado donde se han insertado datos falsos -advirtió el acusador-, que dicen que el valor del vehículo no es el real. Cincuenta mil bolivianos no es el valor del vehículo que se compró”.

Demandó Lara que esa diferencia debe ser investigada para establecer si existió una eventual alteración de documentos y un perjuicio al Estado mediante una declaración incorrecta del valor de la operación.

Asimismo, Lara puso en duda la declaración patrimonial atribuida al ministro y desconfió de que Espinoza haya podido reunir el dinero para adquirir el vehículo pese a la reducción salarial a la mitad anunciada por el Gobierno para el presidente y sus ministros.

“Hay una declaración jurada -precisó Lara-, donde él, el ministro, dice que no tiene bienes. (…) Nos llama la atención porque, si supuestamente se bajó el sueldo a la mitad, ¿cómo es que en poco tiempo reunió 350 mil bolivianos para comprar el vehículo?”.

Reclamó el vicepresidente que Espinoza explique el origen de los recursos utilizados para concretar la compra, y recordó que el ministro señaló que recurrió a un crédito bancario. “Él dice que sacó un crédito, que nos diga dónde”, exigió.

De su lado, el ministro negó haber cometido alguna ilícita y explicó que el monto de 350 mil bolivianos corresponde al valor por el que adquirió el vehículo.

“Tenía una camioneta 0 kilómetro, la cual vendí y utilicé como base, más un crédito bancario, para comprar un nuevo vehículo (con precio) estimado en 350 mil bolivianos”, explicó.

Respecto a la diferencia entre el valor comercial del motorizado y los 50 mil bolivianos consignados en la documentación difundida, Espinoza insistió en que se debe distinguir entre el precio de comercialización de un vehículo en Bolivia y el valor declarado en una operación de internación.

Aclaró, además, que la obligación de pagar los tributos correspondientes a la importación recae sobre quien introduce el vehículo al país y no necesariamente sobre el comprador final.

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