El proceso se fundamenta en la Ley de Reciprocidad Económica, aprobada por unanimidad por el Congreso Nacional y sancionada en 2025 por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que permite adoptar contramedidas frente a barreras comerciales, legales o políticas impuestas por otros países o bloques.
Mediante una nota citada por medios locales de prensa, el Gobierno comunicó que comenzó el análisis de un pedido para determinar si las medidas unilaterales estadounidenses, adoptadas al amparo de la Sección 301 de la legislación comercial de ese país, se ajustan a los supuestos contemplados en la normativa brasileña.
De acuerdo con el portal Metrópoles, la apertura del proceso no implica la aplicación inmediata de nuevos aranceles a Estados Unidos por parte de Brasil.
El Ministerio de Relaciones Exteriores notificará formalmente a Washington sobre el inicio del procedimiento y solicitará consultas diplomáticas.
Según el Ejecutivo, esas conversaciones buscarán reducir o neutralizar los efectos de las medidas estadounidenses y de eventuales contramedidas brasileñas previstas en la Ley de Reciprocidad Económicas.
Además, la nota indicó que las consultas diplomáticas refuerzan la voluntad de Brasil de priorizar el diálogo y la negociación en sus relaciones internacionales.
Brasilia señaló que durante las investigaciones promovidas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, esta presentó argumentos y evidencias para refutar las acusaciones de supuestas prácticas desleales.
El Gobierno brasileño calificó los aranceles estadounidenses de “injustificados y arbitrarios” y aseguró que continuará defendiendo su posición en todas las instancias pertinentes.
La decisión se suma a la estrategia adoptada por Brasil en el ámbito multilateral. Esta semana, Estados Unidos aceptó el pedido brasileño de consultas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre las nuevas tarifas impuestas por Washington.
Brasil llevó ante la organización dos medidas diferentes: un arancel del 25 por ciento, justificado por Estados Unidos mediante acusaciones de prácticas económicas consideradas desleales; y otro del 12,5 por ciento, vinculado a alegaciones sobre la falta de fiscalización brasileña de productos elaborados mediante trabajo forzoso.
El Ejecutivo de Lula sostiene que esas medidas son discriminatorias y unilaterales y contradicen compromisos asumidos por Estados Unidos en el marco de la OMC.
npg/mar
