El bloque opositor sostuvo en un comunicado que no respaldará una gestión que ha degradado la función legislativa mientras el país enfrenta una crisis que la mayoría, vinculada al movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), “ni ha sabido ni ha querido enfrentar”.

Según la RC, el oficialismo ha archivado o bloqueado proyectos impulsados por sus legisladores, se ha apropiado de iniciativas ajenas y ha utilizado su mayoría para impedir una fiscalización efectiva sobre casos de presunta corrupción relacionados con el Gobierno del presidente Daniel Noboa.

“No fuimos elegidos para decorar ceremonias ni para fingir una normalidad institucional que no existe”, afirmó la RC, al reivindicar las funciones de legislar y fiscalizar como mandatos otorgados por los electores.

La organización también denunció que los parlamentarios afines al Ejecutivo han obstaculizado su labor y han respondido con sanciones cuando la RC ha insistido en ejercer sus atribuciones.

“No legitimaremos con nuestra presencia aquello que hemos denunciado con nuestra voz”, enfatizó el comunicado.

La postura fue expresada luego de que la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, presentó la Agenda Legislativa 2026-2027, que establece 34 proyectos prioritarios para los próximos 12 meses.

Las iniciativas están distribuidas en tres ejes: seguridad y lucha contra la corrupción, con siete proyectos; desarrollo humano y modernización institucional, con 17; y crecimiento económico sostenible y seguridad jurídica, con 10.

Entre las propuestas figuran reformas relacionadas con el combate al crimen organizado, una Ley Antimafias, cambios al Código Orgánico Integral Penal (COIP), regulación del apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, inteligencia artificial, salud, empleo juvenil, vivienda, desarrollo agropecuario, tributación, aviación civil y emprendimiento.

Mancheno anunció que el informe legislativo sobre el denominado caso Progen, relacionado con un desfalco al Estado por contratos irregulares en el sector eléctrico, será tratado por el plenario una vez que la Comisión de Transparencia lo remita formalmente.

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