La medida fue dictada este viernes por la jueza de la Unidad de Garantías Penales de Ibarra Mery Raquel Maza a pedido de la Fiscalía.

La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) cuestionó la decisión judicial y sostuvo que la audiencia se realizó sin un adecuado diálogo intercultural y sin considerar la jurisdicción indígena.

La organización afirmó en un comunicado divulgado en redes sociales que sus representantes y autoridades solicitaron que la causa fuera trasladada a la jurisdicción indígena, pero el pedido no fue aceptado.

Según la Unorcac, la medida no puede analizarse únicamente como una decisión dentro de un proceso penal, sino como un hecho que afecta el reconocimiento de los derechos colectivos y la autonomía de los pueblos indígenas.

Asimismo, rechazó lo que calificó como una criminalización de dirigentes por su participación en movilizaciones sociales y advirtió que la prisión preventiva no debe utilizarse como castigo anticipado ni para deslegitimar la protesta.

La Unorcac también manifestó su oposición a un eventual ingreso de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas u otros agentes estatales a territorio indígena para ejecutar la medida, si no existe previamente un proceso de coordinación intercultural con las autoridades comunitarias.

Por su parte, Perugachi aseguró que las bases indígenas resolvieron que no se entregue a la justicia tras conocer la decisión de la magistrada y denunció una supuesta vulneración de sus derechos durante la audiencia.

“No se nos permitió la palabra en la audiencia. Solo tomó dos pequeñas intervenciones de nuestro abogado y luego ni siquiera a la comunidad le dejó hablar”, afirmó el dirigente en declaraciones a Radio Pichincha.

El presidente de la Fenocin vinculó la acusación en su contra con la revocatoria de mandato que impulsa la Fenocin contra el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y consideró que la causa podría responder a motivos políticos.

Su abogado, Luis Ávila, anunció que apelará la prisión preventiva ante la Corte Provincial de Imbabura, aunque aclaró que el recurso no suspenderá la medida cautelar.

El abogado también advirtió sobre el riesgo de que la decisión incremente la conflictividad social si se intenta ejecutar la detención del dirigente dentro de comunidades indígenas.

Durante los meses de septiembre y octubre de 2025, organizaciones sociales protagonizaron bloqueos y protestas en distintas zonas del país, en particular en la sierra norte ecuatoriana, en rechazo a la decisión gubernamental de eliminar el subsidio al diésel.

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