En la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, apenas 40 de los 465 aspirantes registrados han concluido hasta ahora el proceso de inscripción, mientras el resto última documentación y planes de trabajo, reportaron medios locales.
Entre las novedades del panorama electoral figura la renuncia del viceprefecto de Pichincha, Alexandro Tonello, para postularse al gobierno provincial en representación de una alianza de izquierda integrada por la Revolución Ciudadana, Unidad Popular, el Partido Socialista y el movimiento local Todos.
En la ciudad de Guayaquil, entretanto, hubo un giro con la formalización este jueves de la preinscripción de Fiorella Ycaza.
La joven es esposa de Aquiles Álvarez, actual alcalde de esa urbe portuaria, Aquiles Alvarez, detenido en la cárcel de máxima seguridad y considerado un preso político.
“Asumo este camino con esperanza, firmeza y la convicción de que nuestra ciudad merece seguir avanzando, creciendo y construyendo oportunidades para todos. Confío en la ley, en la democracia y, por encima de todo, en la fuerza de los guayaquileños”, escribió en la red social X.
La candidatura de Ycaza, auspiciada por el PSE, provocó polémica dentro de las organizaciones la apoyan, que habían acordado respaldar la postulación de la abogada Mónica Luzárraga, quien reclamó la decisión de descartarla.
Luzárraga recordó que el PSE, Pachakutik, y Unidad Popular suscribieron un acuerdo para respaldarla y ahora afirmó que mantendrá su candidatura mediante la alianza entre las dos organizaciones restantes.
El plazo para completar las inscripciones de candidaturas vence el próximo lunes 17 de agosto.
Los votantes escogerán 23 prefectos y viceprefectos provinciales, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos, 457 concejales rurales y cuatro mil 131 vocales de juntas parroquiales rurales, además de siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
La jornada electoral está prevista para el 29 de noviembre de 2026, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantara los comicios inicialmente programados para febrero de 2027 con el argumento de que el fenómeno climático El Niño podría afectar el desarrollo de los sufragios.
El proceso se desarrolla en un contexto político marcado por la suspensión de organizaciones opositoras, entre ellas la Revolución Ciudadana, principal fuerza política vinculada al expresidente Rafael Correa.
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