Las cifras reflejan uno de los principales desafíos del sistema sanitario: garantizar un diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado de las enfermedades tumorales, en un escenario marcado por las barreras para la detección temprana, los tiempos de espera para estudios diagnósticos y dificultades en el suministro de medicamentos esenciales.

En la población femenina, el cáncer de mama ocupa el primer lugar en incidencia, con más de mil 100 diagnósticos y unas 330 defunciones anuales, seguido por el cáncer de cuello uterino.

Entre los hombres, el cáncer de próstata encabeza la morbilidad, con más de 800 casos cada año.

La información epidemiológica del sector público evidencia además que cerca del 60 por ciento de las atenciones oncológicas comienzan en estadios tres y cuatro, cuando las posibilidades de curación disminuyen de manera considerable.

Desde el punto de vista clínico, antes de iniciar una terapia contra el cáncer es indispensable confirmar el diagnóstico mediante una biopsia, procedimiento que permite analizar en un laboratorio de histopatología una muestra del tejido sospechoso para determinar la presencia de células malignas.

Sin embargo, la saturación operativa del sistema estatal puede provocar retrasos de hasta cuatro meses en la entrega de estos resultados, período durante el cual una enfermedad tumoral puede continuar avanzando.

A estas dificultades se suma la baja sospecha diagnóstica en la atención primaria ante determinados signos de alarma. Entre ellos figura la hematuria, es decir, la presencia de sangre en la orina, que en ocasiones es tratada como una infección urinaria o cistitis sin que el paciente sea remitido oportunamente al especialista.

Otro de los obstáculos es la concentración de la infraestructura oncológica en la Región Metropolitana, donde se realizan alrededor del 80 por ciento de las cirugías complejas, radioterapias y consultas especializadas.

Esta centralización obliga a pacientes procedentes del interior del país a trasladarse de manera recurrente hacia la capital, con los consiguientes gastos de transporte y hospedaje, factores que pueden favorecer el abandono de los tratamientos.

En un intento por reducir esas brechas, la habilitación de unidades regionales en provincias centrales procura descentralizar algunas terapias de mantenimiento y acercar los servicios a los pacientes.

No obstante, especialistas advierten que la consolidación de estos centros enfrenta otro desafío: la escasez de personal calificado en oncología, asociada, entre otros factores, a la limitada adjudicación de becas de especialización fuera de la capital.

El panorama coloca la prevención, la detección temprana, la reducción de los tiempos diagnósticos y la descentralización de los servicios entre las prioridades para mejorar la respuesta del sistema de salud panameño frente a una enfermedad que cada año cobra miles de vidas.

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