Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se contabilizan hasta la fecha 80 mil 744 viviendas averiadas, 12 mil 504 destruidas y 66 edificios colapsados.
En infraestructura y servicios los impactos son asimismo considerables.
Hasta la fecha se reportan perjuicios en 260 centros de salud, dos mil 595 entidades educativas y dos mil 116 centros comunitarios afectados, 267 vías, 87 acueductos, 55 puentes vehiculares y 10 peatonales, así como en cinco aeropuertos.
Las urbes más afectadas con el movimiento telúrico son Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia y Cali.
En esta última, los muertos superan el centenar y la cifra de heridos sobrepasa los mil 400, de acuerdo con un balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales.
Según la misma fuente hay, además, 107 viviendas destruidas y 800 dañadas.
También se reportan 45 estructuras colapsadas, mil 142 averiadas y 214 instituciones educativas afectadas. En materia de servicios públicos, el balance identifica 26 puntos del sistema de acueducto dañados y dos mil 690 puntos sin servicio de energía.
El Gobierno Nacional anunció que establecerá alivios para el pago de los servicios en los territorios más perjudicados, asegura que brindará a la población subsidios de arriendo y aplazará por un mes el pago y la declaración del impuesto de renta para personas naturales y sucesiones ilíquidas ubicadas en las zonas más destruidas.
Otra de las medidas previstas es declarar la emergencia económica, lo cual dará pie para solicitar un crédito de hasta 450 millones de dólares al Banco Mundial
La gestión de la actual administración no ha estado exenta de críticas. Exfuncionarios y analistas advirtieron que el Ejecutivo de Abelardo de la Espriella aplicó un sesgo ideológico en lo referido a la cooperación internacional.
Al aceptar prioritariamente la ayuda de Israel, El Salvador, Perú, Ecuador y Estados Unidos, entendidos denunciaron que se buscaba fortalecer las alianzas políticas por encima de las necesidades concretas de los territorios.
El Sindicato Colombiano de Periodistas (Síncope) también rechazó lo que calificó “como censura y limitación de la información”, por parte del actual Gobierno.
De acuerdo con un comunicado del gremio, la Ungrd restringió el acceso a la base de datos de evaluación situacional en tiempo real, la cual permitía consultar información actualizada y territorializada sobre las afectaciones ocasionadas tras el sismo.
“Este hecho constituye el primer acto de censura a la prensa por parte del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, y sucede a menos de una semana de su posesión”, planteó.
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