El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que el plazo concluyó a las 18:00 hora local, este lunes y que todo el proceso se realizó mediante su plataforma informática, con asistencia técnica en las 24 provincias.
Medios locales reportaron que existen más de 40 mil registros, cifra que puede variar debido a que corresponde a solicitudes presentadas y no a postulaciones definitivamente calificadas.
Las Juntas Provinciales Electorales deberán revisar ahora los documentos y verificar que los aspirantes cumplan las condiciones establecidas en la legislación electoral.
En los comicios se elegirán cinco mil 742 autoridades locales, entre alcaldes, prefectos, concejales y vocales de juntas parroquiales, así como los suplentes de todos esos cargos.
El fin del registro también dejó una Asamblea Nacional parcialmente renovada, pues al menos 21 legisladores, la mayoría de ellos afines al Ejecutivo, renunciaron a sus curules para competir por cargos de elección local, precisó la presidenta del parlamento, Mishel Mancheno.
La legislación ecuatoriana obliga a las autoridades de elección popular a renunciar antes de postularse para un puesto diferente y no podrán recuperarlos, incluso si sus candidaturas son rechazadas o no resultan elegidos.
Por tanto, sus suplentes ocuparán las curules hasta la conclusión del actual periodo legislativo, en 2029, lo que obligará además a reorganizar varias comisiones parlamentarias.
En Guayaquil, mayor ciudad de Ecuador, seis candidatos fueron registrados para la Alcaldía, entre ellos Cynthia Viteri, que ya ocupó ese cargo y va por el movimiento ofiialista Acción Democrática Nacional (ADN), y Fiorella Ycaza, quien cuenta con el auspicio del Partido Socialista Ecuatoriano y el apoyo de la Revoluión Ciudadana (RC).
En Quito, el actual burgomaestre, Pabel Muñoz, de la RC, buscará permanecer en el cargo y tendrá entre sus contendientes al exalcalde Jorge Yunda y el concejal Wilson Merino.
La RC, principal fuerza política de oposición, postuló a sus representantes con el apoyo de partidos aliados debido a la suspensión que enfrenta de cara a unos comicios cuyo calendario avanza bajo cuestionamientos a la imparcialidad del CNE, acusado de actuar en sintonía con el Gobierno.
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