Representantes de las agrupaciones cuestionaron la insistencia del gobierno en colocar este tema entre sus prioridades legislativas, mientras Puerto Rico atraviesa crisis de electricidad y agua potable, que se agravaría con las facultades que la medida otorgaría de ser aprobada. “Este país amaneció otra vez con los embalses en picada y con familias completas resolviendo con cubos, y la prioridad de la Legislatura es una ley que le abre la puerta a mega construcciones que consumen agua que no tenemos; exigimos que estos proyectos se descarten”, explicó Hernaliz Vázquez, directora de Sierra Club.
Destacó que la insistencia de la Legislatura viene de la agenda articulada desde el Ejecutivo junto a los sectores de la construcción, el desarrollo inmobiliario y la inversión privada para impulsar la medida.
Recordó que un grupo creado por la gobernadora Jenniffer González y presidido en su origen por Francisco Domenech, entonces secretario de la Gobernación, integró a funcionarios junto a representantes del sector privado, estableció expresamente que el sector privado debe tener un rol más prominente en la evaluación y adjudicación de permisos.
La dirigente ambiental detalló que el pasado mayo, durante el Caribbean Business Summit, la gobernadora González, el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, y el entonces secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón-Reichard, compartieron agenda con 18 representantes empresariales y los bancos Popular y FirstBank, en un encuentro que incluyó un panel sobre vivienda, permisos y uso de terrenos.
Semanas después, el presidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales, y el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, figuraron como conferenciantes en un encuentro de las asociaciones de mineros, contratistas y del concreto, auspiciado por empresas del sector, cuya agenda incluía el Plan de Uso de Terrenos, la reglamentación del carso y las exclusiones categóricas ambientales.
“El mismo DDEC que promueve la inversión privada y administra incentivos tendría, bajo esta reforma, mayor poder sobre los permisos y la fiscalización de los proyectos que ayuda a atraer. Sus propios documentos revelan una prioridad: ofrecerles más rapidez y certeza a quienes cuentan con grandes proyectos, capital, cabilderos y acceso al Gobierno», estableció la directora de Sierra Club Puerto Rico.
Por su parte, el abogado ambiental Pedro Sadeé sostuvo que el proyecto no debe aprobarse porque representan una amenaza al acceso y disfrute de las playas y las áreas costeras, al abrir paso a su privatización o limitación; incrementarían la desigualdad social y económica al privilegiar a ciertos inversionistas y sus proyectos particulares; agravarían el problema del agua en un contexto de crisis climática cada vez más severa.
Además, eliminarían o reducirían las protecciones a las áreas verdes y ambientales necesarias para el bienestar de la gente y de las especies; harían aún más precarias las salvaguardas que requiere la protección de especies, y eliminarían o reducirían las protecciones a las áreas de valor arqueológico e histórico.
Sadeé denunció que esto agravaría el problema de corrupción, al concentrar en el DDEC inmensos poderes y controles sobre los terrenos y sobre materias ambientales.
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