La delegación, conformada por las expertas Fernanda Hopenhaym y Lyra Jakulevičienė, examinará también cómo el sector privado cumple con las obligaciones estipuladas en los Principios Rectores, según explicó la propia organización.

“Las expertas se reunirán con diversos ministerios del Gobierno y autoridades locales, organizaciones de sociedad civil, comunidades, Pueblos Indígenas y personas defensoras de los derechos humanos”, añadió.

Asimismo, con la comunidad académica, sindicatos, representantes de empresas, asociaciones industriales y oficiales de las Organización de Naciones Unidas (ONU), acotó.

La misión, la primera de su tipo en el país, sostendrá un diálogo directo con múltiples actores de la sociedad sobre el respeto de las libertades fundamentales en el ámbito laboral.

Recorrerá esta capital y cinco departamentos: Quetzaltenango, San Marcos, Suchitepéquez, Escuintla y Santa Rosa.

Al cierre de la agenda oficial, ofrecerá una conferencia de prensa el viernes 28 a las 12:00 horas en el Hotel Wyndham Garden de la urbe.

Posteriormente, las observaciones y hallazgos recopilados durante la estancia en esta nación serán consolidados en un informe detallado que se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2027.

Ese órgano creó tal grupo de trabajo en 2011 y, a lo largo de sus dos evaluaciones por año, identificó patrones clave en el comportamiento corporativo e institucional como una brecha entre el compromiso y la práctica.

Muchas empresas adoptan políticas formales de derechos humanos, pero no las traducen en procesos operativos cotidianos, expusieron informes oficiales.

Las víctimas enfrentan barreras legales, financieras y de represalias al intentar acceder a la justicia, subrayaron.

Las industrias extractivas, la agroindustria, construcción y los megaproyectos de infraestructura concentran la mayor cantidad de conflictos socioambientales, despojos de tierras y violaciones a los derechos de pueblos indígenas, señalaron.

Documentaron, entre otros, riesgos derivados del uso irresponsable de algoritmos, tecnologías de vigilancia, desinformación y el impacto ambiental de los centros de datos.

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