El informe, que cubre el periodo del 1 de julio de 2022 al 1 de mayo de 2026, documentó expedientes incompletos de agricultores y empleados, contratos sin documentos o cláusulas requeridas, facturas sin evidencia suficiente, archivos no localizados, incumplimiento del requisito de reuniones de la Junta de Directores y riesgos para la continuidad de los sistemas informáticos.
“Los hallazgos de este examen revelan problemas sistémicos dentro del área financiera, administrativa y de tecnología de información de la CSA”, estableció la Oficina del Inspector General.
La Corporación de Seguros Agrícolas, adscrita al Departamento de Agricultura de Puerto Rico, ofrece cubiertas para proteger las inversiones de los agricultores ante huracanes, sequías anormales, incendios, enfermedades y otros riesgos.
Su presupuesto se nutre de la venta de primas de seguros y no de aportaciones del Fondo General.
En una muestra de 201 expedientes, seleccionada de un universo de 15 mil 278 agricultores, la Oficina del Inspector General encontró que 74 carecían del formulario de condiciones generales, 40 tenían documentos de inspección sin el sello del agrónomo y 17 no contenían la firma de un representante de la corporación.
Un expediente no pudo localizarse y otro tenía una alteración en la fecha del periodo de cubierta.
El examen de 106 contratos reveló la ausencia de cláusulas, certificaciones y autorizaciones requeridas.
La corporación tampoco mantenía actualizado su registro interno de contratos, que solo contenía información hasta el año fiscal 2020.
La Oficina del Inspector General señaló además que 10 contratos por 157,607.04 dólares y tres enmiendas por 142,900 dólares fueron remitidos a la Oficina del Contralor de Puerto Rico entre 16 y 33 días después del término legal.
El señalamiento corresponde al incumplimiento del plazo de registro; el informe no clasificó esas cuantías como pérdidas de fondos ni como desembolsos ilegales.
La certificación anual juramentada correspondiente al año fiscal 2023-2024 tampoco había sido remitida al 2 de noviembre de 2025, pese a que habían transcurrido 398 días desde la fecha límite.
La certificación del año fiscal siguiente fue presentada con 33 días de atraso.
Durante los tres años fiscales examinados, la corporación formalizó 135 contratos por un total de 3 millones 625 mil 303 dólares.
La Oficina del Inspector General solicitó una factura por cada uno de los 106 contratos incluidos en su muestra, pero la Oficina de Finanzas entregó 84 y certificó que no pudo localizar los expedientes de facturación correspondientes a 23 de ellas.
El análisis se limitó a 61 facturas por 145 mil 572 dólares; las 40 facturas de servicios de inspección agrícola tenían firmas que no permitían identificar a las personas que las suscribieron.
De las 21 facturas de servicios profesionales, 12 no tenían firma de aprobación y una carecía del comprobante de pago. En otras tres no se retuvo la aportación especial de 1.5 por ciento ni apareció la declaración jurada que justificara una exención.
otf/nrm
