Prensa Latina constató durante un recorrido por la zona los vestigios que permanecen en el territorio donde operó desde la década del 1960 hasta 1992 la empresa Texaco, luego adquirida por la estadounidense Chevron.

Justo sobre una piscina sin remediación cercana al pozo Aguarico 4, Donald Moncayo, coordinador de la Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco (Udapt), mostró el crudo acumulado debajo de las plantas.

“Estas piscinas de profundidad tienen aproximadamente de tres metros hasta seis metros”, señaló mientras explicó cómo fueron construidas y utilizadas.

El activista insistió en que la vegetación dificulta observar lo que permanece debajo y cuestionó que las tareas de remediación realizadas después de la salida de Texaco no hayan solucionado el problema ambiental.

Según contó Moncayo, quien toda su vida ha vivido en la región, las piscinas servían para almacenar petróleo y residuos de las operaciones.

Cuando se llenaban, la empresa recurría a diferentes métodos para vaciarlas, entre ellos la quema del contenido o su extracción mediante tanqueros, explicó.

Aseveró que el problema de la contaminación no se limita a las piscinas llenas de residuos petroleros, sino también a los suelos y fuentes de agua.

“Acá no hay agua potable. Aquí no hay alcantarillado. Aquí no hay una verdadera remediación, una verdadera reparación al área afectada”, afirmó.

El dirigente social también cuestionó el concepto de desarrollo asociado a la explotación petrolera y recordó que las comunidades indígenas dependían del bosque y de los ríos para obtener alimentos, agua y medicinas.

“Cuando hablan de desarrollo, yo no sé para quién es el desarrollo”, manifestó.

La existencia de las piscinas de residuos es uno de los principales elementos del litigio legal que desde hace más de tres décadas enfrenta a comunidades amazónicas con Chevron.

Moncayo afirma que durante el proceso judicial identificaron 880 piscinas, aunque Texaco reconocía inicialmente una cantidad menor.

Una sentencia de la justicia ecuatoriana condenó a Chevron a pagar nueve mil 500 millones de dólares por daños ambientales, pero la petrolera niega responsabilidad y sostiene que la sentencia del país sudamericano no puede ejecutarse.

Chevron sostiene que la sentencia ecuatoriana de 2011 fue obtenida “a través de fraude, sobornos y corrupción”.

En 2018, un tribunal de La Haya falló a favor de la compañía y responsabilizó al Estado ecuatoriano por “denegación de justicia”, ordenándole pagar una indemnización que finalmente fue fijada en 220 millones de dólares.

La Udapt presentó una acción de embargo del crédito ante la Corte de la provincia de Sucumbíos, en su calidad de juez de ejecución de la sentencia ambiental de 2011, para que ordene la retención de los 220 millones y que sean redirigidos a la reparación de los daños causados por la petrolera.

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