Cuando la autoridad no está presente en las comunidades, alguien la asume y estructuras criminales aprovecharon mucho la debilidad por parte de la Policía Nacional Civil (PNC), subrayó el experto en el tema.

En declaraciones este martes a Emisoras Unidas, consideró necesario involucrar al Ejército, “el Estado debe reaccionar en la medida de la amenaza; eso quiere decir que las fuerzas de seguridad son complementarias”.

Tenemos una carencia muy grande en materia de inteligencia, añadió, mientras explicó que bajo esa falta de información y de capacidades investigativas, la cooperación resulta como un paliativo.

Romero opinó que el enemigo a vencer en el país es el narcotráfico; es el que puede movilizar mayor cantidad de recursos, tanto para las campañas de gobernadores, diputados, como para financiar carreras dentro del Organismo Judicial y el Ministerio Público (MP).

Además, acotó, para comprar elementos del Ejército y de la PNC en el territorio. Es bastante claro el mapa en la nación de quiénes son los que operan, añadió.

A juicio de la directora del Movimiento ProJusticia, el problema son los cuerpos ilegales que no se han combatido nunca en este territorio centroamericano.

Revisemos, si es que se puede, lo que quedó del que tenía Consuelo Porras (exfiscal general desde 2018 hasta el 17 de mayo del presente año).

En época electoral, puntualizó, hay grupos de poder que tratan de tomar acciones que lleven a la población a irse a un lado o hacia otro.

Pero estos cuerpos ilegales accionan no necesariamente por una época de estas; no es que se muevan por sí mismos, porque se les ocurrió; sino porque son el brazo armado de alguien que da las órdenes, describió la analista.

Pueden arreciar este tipo de cosas, no sé si contra los fiscales, pero sí contra la población, que está expuesta al riesgo y al terror, para favorecer los intereses de quienes los financian. Puede haber violencia focalizada, advirtió.

En el fondo, reflexionó, esto está convirtiendo al Estado en uno que viola los derechos fundamentales, en la medida que omite desmantelar estos cuerpos, sobre todo si algunos están ligados a estructuras estatales.

Hay una omisión y una inacción de parte del Ministerio de Gobernación, y eso ha sido así por décadas. Ya no le queda mucho tiempo a esta administración, pero sí podría dejar sentadas las bases para comenzar con el desmantelamiento de estos cuerpos armados, exhortó Ibarra.

El viernes pasado el MP denunció que varios de sus fiscales asignados a pesquisas contra organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, extorsión y tráfico de armas recibieron intimidaciones y amenazas.

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