La sesión, bajo la conducción del titular del órgano, Esteban Lazo, y con la presencia del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, trazó lineamientos para el fortalecimiento institucional y la adaptación normativa a las transformaciones socioeconómicas vigentes.

El primer decreto ley elimina restricciones administrativas para micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia.

La medida busca diversificar el sistema productivo y ampliar la autonomía de gestión de los actores económicos.

De forma paralela, se reguló la licitación como mecanismo general de selección para la contratación de bienes y servicios con recursos estatales, lo que garantiza transparencia y equidad en la asignación de capacidades productivas dentro del modelo socialista.

Se estableció la obligatoriedad del contrato de seguro de responsabilidad civil para todos los titulares de vehículos de motor que circulen por vías públicas o férreas, sin distinción de nacionalidad o naturaleza jurídica.

El texto unifica los regímenes de riesgo creado y responde a estándares internacionales de protección vial.

Asimismo, se modificó el arancel aduanero para permitir importaciones con carácter comercial por personas naturales en condición de pasajeros o envíos no comerciales, una actualización que alinea la normativa con las dinámicas de intercambio actuales.

El órgano también dedicó una jornada central a consolidar el movimiento Mi Barrio por la Patria, estructura que articula los ejes de seguridad, productividad y participación ciudadana.

Las autoridades locales y representantes de organizaciones de masas evaluaron el avance de la iniciativa y ratificaron el papel del consejo popular como instancia de diagnóstico y fiscalización.

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