La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), prevé aplicar una tasa de siete por ciento a operaciones realizadas mediante plataformas digitales extranjeras cuando el consumidor se encuentre en territorio panameño.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que la medida no supone la creación de un nuevo tributo, sino la adecuación de las normas fiscales a actividades económicas desarrolladas mediante Internet.

De acuerdo con el funcionario, el mecanismo permitiría gravar operaciones de plataformas como Amazon, Temu y Netflix, además de servicios de hospedaje y otras prestaciones contratadas en línea, entre ellas las ofrecidas por Airbnb.

Chapman indicó que el Gobierno trabaja con bancos y compañías de medios de pago, entre ellas Visa, Mastercard y American Express, para establecer el procedimiento de identificación y recaudación del impuesto, principalmente mediante transacciones efectuadas con tarjetas.

La implementación podría concretarse en un plazo estimado de 90 días después de la aprobación de la normativa, aunque todavía deben definirse aspectos relacionados con la responsabilidad de recaudar y transferir el tributo al Estado.

Según las estimaciones oficiales, la medida aportaría alrededor de 100 millones de dólares anuales a las arcas públicas, recursos que el Ejecutivo vincula con la necesidad de compensar la reducción de ingresos derivada de la propuesta de eliminar el Itbms en la primera venta de viviendas nuevas de hasta 120 mil dólares.

El Gobierno sostiene que la reforma busca además reducir las diferencias tributarias entre los comercios establecidos en Panamá, obligados a recaudar el impuesto, y empresas extranjeras que ofrecen bienes y servicios directamente a consumidores nacionales a través de plataformas digitales.

La propuesta contempla asimismo mecanismos de facturación electrónica para facilitar el control de las operaciones y fortalecer la fiscalización de las transacciones sujetas al gravamen.

No obstante, sectores críticos advierten que el costo podría trasladarse al consumidor final, encareciendo servicios de entretenimiento en línea, compras por Internet, transporte, alojamiento y otras prestaciones digitales.

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional suspendió la discusión en primer debate del proyecto de ley 661, cuyo análisis deberá continuar junto con las disposiciones relacionadas con la tributación de las operaciones digitales.

El debate se desarrolla en un contexto de creciente expansión del comercio electrónico y de los servicios contratados por Internet, mientras el país busca actualizar su sistema tributario y garantizar nuevas fuentes de ingresos para las finanzas públicas.

El desafío será encontrar un equilibrio entre la modernización fiscal, la competitividad empresarial y la protección del bolsillo de los consumidores.

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