Los exguerrilleros radicaron un derecho de petición para conocer, por ejemplo, el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal de justicia transicional creado en el país tras la firma del pacto, así como otras cuestiones inherentes a su ejecución.

Indagan acerca de cómo el Gobierno Nacional proyecta garantizar las condiciones institucionales, de seguridad y de implementación necesarias para avanzar en la letra del documento durante los siguientes cuatro años.

“¿Cuáles son las medidas concretas, el cronograma y los recursos presupuestales que el nuevo Gobierno adoptará para garantizar la ejecución del Plan Marco de Implementación (PMI)?”, cuestionan en una de sus partes los firmantes de la misiva.

Piden asimismo que se les informe en torno a las decisiones, medidas o políticas para garantizar la seguridad integral de las personas firmantes del Acuerdo Final de Paz y el cumplimiento de las órdenes impartidas por las distintas instancias judiciales de la nación.

También solicitan conocer si la actual administración tiene previsto modificar, reducir, redistribuir o incrementar los recursos presupuestales destinados a la implementación del Acuerdo Final de Paz o al funcionamiento de las entidades responsables de su ejecución.

Demandan además que se les comunique si existen estudios que sustenten las declaraciones públicas realizadas por el presidente del país o por los miembros de su gabinete relacionadas con la eliminación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, entre otras entidades.

El documento está firmado por algunos de los exintegrantes del último secretariado de las extintas FARC-EP, como Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y Jaime Alberto Parra.

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