Ante cada caso, el 85 por ciento vinculado con explotación laboral, la entidad ejecutó las acciones necesarias (coordinaciones con otras instituciones del Estado) para contribuir a la protección y restitución de los derechos humanos.

Según el informe oficial, el departamento capital registra la mayor incidencia, seguido de Sacatepéquez y Suchitepéquez.

Más allá de las cifras, explicó la PGN, cada registro representa una niña, un niño o un adolescente, una historia y una familia.

Por ello, acotó, la trata de personas debe ser vista como una realidad que demanda acciones oportunas y coordinadas para atenderla y combatirla. La respuesta frente a este delito requiere que cada institución actúe desde el ámbito de sus competencias, pero también necesita de la participación de la sociedad, consideró.

La prevención, la identificación de posibles casos y la denuncia son fundamentales para activar los mecanismos de protección y evitar que más niñas, niños y adolescentes sean víctimas de estas formas de explotación, amplió.

Asimismo, cuando una niña, niño o adolescente se encuentra desaparecido, algunos casos pueden estar relacionados con hechos de trata de personas, puntualizó.

El año pasado la Subprocuraduría de la Niñez y la Adolescencia archivó 664 sucesos vinculados con trata de personas, 550 correspondientes a explotación laboral y 114 a sexual.

Entonces los departamentos con la mayor cantidad de casos fueron Guatemala, Quetzaltenango y El Quiché.

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