El operativo, realizado el 21 de agosto, dejó 10 detenidos, entre ellos el ciudadano chino Yang Xiaolong, señalado por el ministro como presunto cabecilla de la organización.

De acuerdo con el funcionario, los agentes allanaron unas oficinas ubicadas en el centro-norte de la capital y encontraron un centenar de personas, estaciones de trabajo y dispositivos con mensajes intimidatorios, amenazas e imágenes violentas.

Según la investigación, el lugar funcionaba bajo la fachada de la empresa ecuatoriana Latameris Support S.A.S. y empleaba a decenas de jóvenes como supuestos asesores de cobranzas.

Versiones de los trabajadores divulgadas en la prensa local señalan que, una vez contratados, ellos eran obligados a utilizar métodos de intimidación para conseguir el pago de préstamos.

Los empleados relataron que utilizaban las fotografías de los deudores para elaborar imágenes falsas en las que los acusaban de delitos graves, como violación, pedofilia o prostitución y esos contenidos eran enviados a familiares y contactos de las víctimas.

A decir de los testimonios, la empresa establecía metas de cobro de entre 35 y 50 por ciento y aplicaba descuentos salariales cuando no las cumplían.

Los empleados señalaron además que recibían sanciones económicas por negarse a realizar horas adicionales o por ausentarse y no contaban con afiliación a la seguridad social.

Reimberg afirmó que las comunicaciones detectadas en el lugar estaban dirigidas no solo a víctimas en Ecuador, sino también a personas de otros países.

“Es un centro grande, que tiene la tecnología, estaba dirigido a atentar contra la seguridad del Ecuador y de otros países más”, sostuvo el ministro durante una rueda de prensa.

Reimberg cuestionó que la Fiscalía haya dispuesto el procesamiento de únicamente 10 personas, pese a que los agentes encontraron a unas 112 en las instalaciones y varias de ellas conocían las actividades que se desarrollaban en el lugar.

El caso se desarrolla mientras Ecuador sufre una crisis de seguridad y, de acuerdo con las autoridades, las organizaciones criminales han ampliado sus actividades más allá del narcotráfico hacia delitos como la extorsión, el secuestro y la minería ilegal.

A comienzos de agosto, el presidente Daniel Noboa anunció el despliegue de cuatro mil policías y militares en Quito para reforzar la lucha contra las estructuras delictivas ante el aumento de la violencia en la capital.

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