La entidad electoral consideró que González incumplió requisitos internos de la organización política que la auspicia, debido a que su partido, la Revolución Ciudadana (RC), está suspendido temporalmente.
La Junta de Manabí aceptó la objeción presentada por Mishel Mancheno, del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), y otra formulada por Eitel Zambrano, procurador común de una alianza electoral.
Según el informe técnico jurídico analizado por la Junta, el régimen interno de Pachakutik exige que sus candidatos pertenezcan a la organización y hayan sido miembros activos durante al menos dos años.
La Delegación Electoral de Manabí consultó al Consejo Nacional Electoral (CNE) y determinó que González y su pareja de fórmula, Gabriel Giler, no constaban como afiliados o adherentes de Pachakutik durante ese período.
La Junta Electoral concedió a ese grupo político un plazo de 48 horas para subsanar las candidaturas, con lo cual la decisión no supone todavía la exclusión definitiva de González de las elecciones seccionales del próximo 29 de noviembre.
“Tan ilegal es esta objeción que el artículo 101 del Código de la Democracia dice que solo el representante legal de la organización puede objetar y Mishel Mancheno (actual presidenta de la Asamblea Nacional) no es representante de ADN”, escribió González este sábado en la red social X.
Por su parte, la presidenta de la RC, Gabriela Rivadeneira, respaldó a la candidata y acusó al Ejecutivo de perseguir a la oposición.
“Persiguen, proscriben, amenazan y extorsionan. Esa es la actuación del Gobierno en Ecuador frente al pueblo y en curso de calendario electoral”, afirmó.
González, una de las principales figuras de oposición en Ecuador, fue candidata presidencial de la RC en las elecciones de 2023 y 2025 y ahora busca competir por la prefectura de Manabí, provincia de la costa ecuatoriana donde nació y desarrolló parte de su trayectoria política.
Las elecciones seccionales del 29 de noviembre definirán prefectos y viceprefectos provinciales, alcaldes, concejales y autoridades de las juntas parroquiales de Ecuador, así como a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
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